madrid. El Gobierno español aprobó ayer el anteproyecto de ley de reforma de las pensiones que desvincula la revalorización de las mismas del IPC a la vez que introduce el llamado factor de sostenibilidad a partir de 2019. Con estas medidas, muy criticadas por la oposición política, es más que probable que las pensiones pierdan poder adquisitivo en el contexto actual de recesión, o escaso crecimiento económico en el mejor de los casos, con altas tasas de desempleo y con una pirámide de edad envejecida creciente.
El PP -consciente de los efectos electorales negativos que acarrearía recortar las pensiones de más de 9 millones de ciudadanos- está intentando involucrar a otras fuerzas políticas en la reforma pero sin modificar su esencia. En esa misma línea hay que entender el hincapié que está haciendo el Ejecutivo de Mariano Rajoy en destacar que las pensiones se revalorizarán nominalmente un 0,25% anual. El problema es que con una tasa de inflación del 1,5% actualmente, solamente con eso se perdería 1,25% de poder adquisitivo este año. Entre la desvinculación del IPC y el factor de sostenibilidad, los sindicatos estiman que solo en quince años los pensionistas, que reciben 982 euros mensuales de media en el Estado español, perderían hasta un 28% del poder adquisitivo.
La reforma de pensiones que quiere aprobar el PP para introducir el factor de sostenibilidad (adecuarlas a la mayor esperanza de vida actual, cercana a los 80 años en los hombres) y desligar su revalorización del IPC entró ayer en el Consejo de Ministros en forma de anteproyecto de ley, texto que se ha empezado a negociar con los agentes sociales. La propuesta del Ejecutivo español de Mariano Rajoy se enviará al Consejo Económico y Social, que deberá dictaminar sobre la futura normativa en un plazo de "diez días".
Tras la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, que compareció junto a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, indicó que es voluntad del Ejecutivo "escuchar y tomar en consideración" todas las aportaciones que puedan hacerse para garantizar la sostenibilidad y viabilidad del sistema público de pensiones.
9 millones de pensionistas El anteproyecto incluye un nuevo índice para referenciar la actualización de las pensiones diferente del IPC y que empezará a aplicarse ya el próximo año, mientras que se retrasa hasta finales de la próxima legislatura (2019), una vez pasadas las próximas elecciones generales, la entrada en vigor del factor de sostenibilidad que vinculará las pensiones con una dura realidad demográfica que señala que las cotizaciones de 16,5 millones de afiliados a la Seguridad Social que están trabajando hacen frente a las prestaciones que perciben los 9 millones de pensionistas.
PNV: Más ingresos El representante del PNV en el Congreso de los Diputados, Emilio Olabarria, recordó que el grupo parlamentario vasco no es ajeno a la realidad del sistema público de pensiones en el Estado español y reconoció que hay que hacer ajustes pero no necesariamente recortes pues consideró que hay que trabajar, cosa que el Ejecutivo del PP no hace, sobre los ingresos del sistema para aumentarlos.
En este sentido, Emilio Olabarria solicitó al Gobierno español que prepare fórmulas alternativas a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones y le instó a que estudie otras soluciones vinculadas a la productividad, a la creación de empleo o a la lucha contra la economía sumergida. El representante del PNV reiteró que "sin embargo, los ajustes para preservar el sistema de pensiones con carácter universal, público y suficiente no deben gravitar sólo sobre mecanismos de recorte". Olabarria mostró la "voluntad" del PNV de dialogar tanto con Gobierno como con los agentes sociales y los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, de tal manera que la reforma que finalmente se apruebe consiga el máximo "consenso".
Aunque el nuevo sistema aplicará un suelo del 0,25% para subir las pensiones cada año y un techo del IPC más el 0,25% en el mejor de los caso, los sindicatos CC.OO. y UGT calculan que el ajuste supondrá una pérdida de poder adquisitivo de "entre un 14,8% y un 28,3%" en los próximos 15 años.
