Bruselas suaviza la presión a la CAV

Las haciendas forales ya han ingresado casi 509 millones siguiendo, pese a estar en desacuerdo, el criterio señalado por Europa. La Comisión recibió el gesto levantando el pie del acelerador en su presión a las administraciones forales vascas en la vista que se celebró en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Anuló técnicamente su petición de una "multa coercitiva" para castigar la conducta de las diputaciones, que a su juicio habían obstaculizado los últimos años el proceso de recuperación de los fondos.

Y aunque mantuvo la otra multa, que crece día a día desde el 14 de diciembre de 2006, el reconocimiento del esfuerzo en la recuperación de las ayudas podría permitir al Tribunal de Justicia de Luxemburgo ser más flexible en su aplicación. En definitiva, parar el contador de la multa ya e incluso en un momento anterior. En este momento la sanción al Reino de España ronda los 64 millones de euros, el resultado de multiplicar los 25.817,4 euros de multa diarios por los casi siete años transcurridos desde la primera sentencia.

Cada año aumenta la factura en 9,4 millones y cada mes en cerca de 800.000 euros, con lo que situar la barrera en un periodo anterior puede suponer una notable rebaja en el computo final de la sanción. Eso si no se consigue como reclaman las diputaciones y la Abogacía del Estado que no haya ningún castigo económico. En este sentido, las diputaciones siempre han defendido que mostraron su voluntad de acatar la sentencia ya en 2007, cuando recuperaron las ayudas poco después de que la Justicia Europea declarara ilegales las ayudas. El problema es que las administraciones vascas consideraron que las empresas afectadas podrían haberse beneficiado de deducciones de hasta un 20% en el caso de no haberse acogido a las ayudas fiscales anuladas. Por ello, acogiéndose al criterio de minimis -las ayudas que tienen un impacto muy limitado en la competencia y no requieren de la aprobación comunitaria- no reclamaron el total de los incentivos y se produjo el choque con Bruselas. El enfrentamiento terminó en el tribunal de Luxemburgo con una sentencia de abril de 2011 que obligaba a las diputaciones a recuperar todo el dinero y se inició un segundo proceso de reclamación de las ayudas a las empresas. Bizkaia, por ejemplo, ya había recuperado en noviembre de ese año casi el 80% de los incentivos y tardó en alcanzar el cien por cien a causa de las dificultades financieras de las sociedades. La Diputación que preside José Luis Bilbao certificó el pasado 9 de marzo ante el propio Tribunal Europeo el fin del proceso de recuperación.

Hay por tanto varias fechas a las que los magistrados de Luxemburgo pueden agarrarse para rebajar el monto de una multa que tendría que pagar el Estado, pero que sería posteriormente repercutida a Euskadi. Al margen del calendario, tanto las diputaciones como el Gobierno español consideran que no debería imponerse ningún tipo de multa porque piensan que su criterio de recuperación de las denominadas vacaciones fiscales era el más justo para unas empresas que se acogieron a unos incentivos que consideraban legales.

flexibilización De momento, la Comisión se conforma con la petición de multa con la que presionó a las diputaciones para forzarlas a acatar su opinión, la sanción disuasoria, y deja en el aire la sanción coercitiva, el castigo. El representante de la Comisión Europea, el español Carlos Urraca, aseguró ante la corte de Luxemburgo que "no sería necesaria la multa coercitiva" si se devuelven las ayudas antes de que se pronuncie el tribunal. Algo que se producirá con toda seguridad cuando Araba y Bruselas diriman las diferencias técnicas que mantienen en torno a la fecha de computo de los intereses y que señala a la Diputación gobernada por el PP como la única que no ha cumplido con los deberes impuestos. Técnicos de ambas administraciones cruzaron ayer datos aprovechando la vista judicial. "Se espera que, en breve, se pueda dirimir este asunto", señalaron desde el ente foral alavés. El Ejecutivo comunitario remarcó que España merece una "medida disuasoria" para evitar una situación similar en el futuro, porque han pasado doce años desde que la CE declaró el régimen vasco ilegal y "es el segundo país con más casos por recuperar", explicó Urraca. La abogada general del Estado español, Nuria Díaz Abad, que representó en la vista a España y las tres diputaciones forales, hizo hincapié en que se ha recuperado todo el dinero que la Comisión entendía que se tenía que cobrar, incluso sin estar de acuerdo con la cuantía. Ese es el principal argumento de las administraciones de la CAV y, por ello, el la abogada del Estado pidió al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre cuál es el método que debe utilizarse para calcular el importe de las ayudas a devolver. En ese caso, si Luxemburgo aprueba el criterio de minimis utilizado por las diputaciones, no solo no habría lugar a una multa, además las empresas recuperarían parte del dinero que han devuelto.

l Orígenes. El conflicto surge en 1994 cuando el Gobierno de La Rioja presenta su primer recurso contra las normas forales vascas que establecen las vacaciones fiscales o lo que es lo mismo la exención del pago del Impuesto de Sociedades durante 10 años para las empresas que cumplieran una serie de condiciones, entre ellas generar empleo. Era posible deducir hasta el 45% de las inversiones de más de 15 millones de euros. Las diputaciones ponen en marcha la medida para paliar los efectos negativos de la recesión de 1993, que dejó a Euskadi con más del 20% de paro.

l Intervención de la CE. En 1998 el sindicato UGT de La Rioja lleva su oposición al Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo. En julio de 1999, la CE abre procedimiento de infracción por considerarlas ayudas públicas contrarias a la normativa europea. Bruselas pide al Gobierno español el listado de empresas.

l Enfrentamientos legales. En diciembre de 2000, la CE declara ilegales los incentivos fiscales vigentes para para las empresas de la CAV durante los años 1993-1995. En 2001, Bruselas declara ilegales otras medidas fiscales vascas como las minivacaciones y las deducciones a la inversión aplicadas en 1995.

l Tribunal de Luxemburgo. La CE eleva un recurso al Tribunal Europeo al considerar que España no ha hecho nada por recuperar las ayudas pese a que las Diputaciones Forales derogaron en 2000 las normas cuestionadas por Bruselas.

l Condena judicial. En 2006 el Tribunal de Justicia europeo condena a España por no haber cumplido las exigencias de la CE sobre la recuperación las ayudas consideradas ilegales.

l Ultimatum de la Comisión Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, Bruselas da un ultimatum a España, en 2007, para que entregue la lista de empresas que se han beneficiado fiscalmente. En setiembre se entrega la relación y las diputaciones proceden a la reclamación de los incentivos, pero sus cálculos de la cantidad a reintegrar por parte de las empresas difieren de los de Bruselas.

l Sanción. La Comisión Europea pide al Tribunal de Luxemburgo que sancione a España con una multa millonaria que se incrementaría cada día transcurrido sin que se confirmase la devolución por parte de las empresas de las ayudas. Bizkaia es el primer territorio en confirmar que ha recuperado de las empresas el dinero deducido fiscalmente, luego Gipuzkoa. Araba, en cambio, tarda más en hacer los deberes y de hecho todavía ayer se considera que no se han devuelto 278.000 euros en intereses.

l Interpretación. La CE cree que se debe devolver el dinero deducido y en Euskadi se cree que se pueden aplicar otras deducciones fiscales permitidas entonces por la UE con lo que el montante a recuperar es menor. En caso de confirmarse la multa pagará España en primera instancia pero pasará la factura, vía Cupo, a la CAV.