madrid. Partidos de oposición y sindicatos salieron al paso ayer de la petición formulada el pasado jueves por la patronal española de poder convertir el contrato a tiempo completo de un trabajador en un contrato a tiempo parcial. Para el PSOE la sugerencia de la organización que preside Joan Rosell es "un despropósito" mientras que los sindicatos afirmaron que la intención es empeorar las condiciones de trabajo y recuerdan que para reducir el número de horas que trabaja un empleado al día es suficiente hoy en día con aprobar un ERE de reducción de jornada.

"La precarización de las relaciones laborales en nuestro país pasa por la extensión del empleo a tiempo parcial", denuncia CCOO, que indica en un informe que el contrato parcial afecta sobre todo a las mujeres en sectores como el omercio y la hostelería. Según el sindicato, el objetivo de la CEOE al plantear poder utilizar estos contratos con más facilidad es poder pagar menos a cambio de más horas de trabajo. "El empleo a tiempo parcial está relacionado con salarios bajos, un aumento de la flexibilidad de las empresas en la organización del tiempo de trabajo y aumento de la productividad a beneficio de éstas", indica Comisiones.

Desde UGT también se rechaza la medida y recuerdan que en estos momentos el empresario puede reducir la jornada de los trabajadores en caso de tener un menor volumen de trabajo negociando y presentando un ERE de reducción. "Si ya tienen esa vía, ¿para qué piden poder cambiar los contratos? Es evidente que buscan dar una vuelta de tuerca más a la unilateralidad de los empresarios", indica el sindicato, que recuerda que si un contrato se puede cambiar por voluntad del empresario, "el contrato queda sin valor".

Por otro lado, desde el PSOE Óscar López criticó que la patronal española "se atreva a pedir más esfuerzos a los trabajadores". "En los tiempos que corren, a la patronal no se le ocurre otra cosa que precarizar más el empleo y abaratar más los sueldos", lamentó el dirigente socialista, que calificó el planteamiento de "locura".

La coordinadora de ICV, Dolors Camats, denunció que la propuesta "crea más precariedad laboral, aleja la salida de la crisis y su único objetivo es aumentar los beneficios empresariales".