La retirada del paro a 60.000 desempleados permite a Rajoy ahorrar 120 millones más

De los cerca de cinco millones de parados apuntados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), un 62% tiene algún tipo de remuneración, alrededor de 2,8 millones. De éstos, los que perciben una prestación contributiva -la que se cobra los dos años siguientes a perder el empleo- no llegan a la mitad. El porcentaje de cobertura está en descenso debido a la duración de la crisis, que hace que cada vez más desempleados cubran el ciclo de subsidios, así como a las restricciones de acceso a ayudas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, como ocurrió el verano pasado con los 400 euros.

En esta política de ahorro impulsada desde Madrid se enmarca el plan activado el año pasado para controlar de manera más rigurosa el cobro de prestaciones de manera fraudulenta y para aflorar el empleo irregular. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, informaba ayer de que los cambios legislativos aprobados con ese objetivo "han mejorado notablemente los resultados de ejercicios anteriores".

Así, entre enero y junio el Gobierno español ha retirado la prestación a un total de 60.004 parados, una cifra un 14,8% más alta que en el mismo periodo del año pasado, cuando todavía no se habían puesto en marcha las medidas de control. El Estado ahorra así 915 millones, un 15% más que los 795 millones de 2012.

rechazar ofertas La retirada de la prestación se produce, según el Ejecutivo, por falta de disponibilidad para el empleo, esto es, por rechazar una de oferta de trabajo o curso de formación propuesto por el SEPE, o por incumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la paga, como puede ser no renovar el alta de demandante de empleo o estar compaginando un trabajo mientras se cobra el paro.

En este sentido, se ha detectado a 5.800 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las prestaciones con el trabajo, lo que frente a los 4.500 del año anterior supone un incremento de casi el 29%.

Asimismo, el Ministerio de Empleo explica que se han incrementado un 30,57% las infracciones de empresarios por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo o por facilitar indebidamente el acceso a las mismas. Además, se han llevado a cabo 334.00 inspecciones en materia de empleo irregular, con las que se han podido aflorar 130.500 empleos sumergidos. El Gobierno de Rajoy cifra en algo más de 3.000 millones el ahorro conseguido en total con el plan contra el fraude puesto en marcha en abril del año pasado.

A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre sanciones a los beneficiarios de prestaciones de forma irregular, que dejaba en manos de las comunidades autónomas la facultad de retirar las prestaciones, el Consejo de Ministros aprobó el viernes una norma para aclarar el marco competencial, aunque en todo caso se mantiene que los beneficiarios perderán la prestación si dejan de estar dados de alta como demandantes de empleo, pudiéndola recuperar cuando vuelvan a inscribirse.

La ministra de Empleo pidió ayer a los ciudadanos que denuncien a aquellas personas que estén cometiendo fraude mediante el cobro de prestaciones o eludiendo el pago de cotizaciones mediante empleo sumergido, y recordó que para ello el Ministerio ha puesto en marcha en su página web un buzón donde dejar las denuncias de forma "absolutamente anónima".

El Gobierno de Rajoy, que aprobó una amnistía fiscal para fortunas y bienes no declarados con una tasa de solo el 10%, advierte de que prevé actuar "con la mayor contundencia" contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y pide a la ciudadanía que haga lo mismo.

Entre enero y junio se retiró la prestación a 60.000 parados, un 14,8% más que el año pasado. Foto: afp