BILBAO. Desde "catastrófica" hasta "deplorable" y "penosa", toda clase de adjetivos han sido usados hoy por los agentes políticos, sociales e institucionales de Euskadi para clamar contra la decisión de la UE de exigir la devolución de las ayudas conocidas como "tax lease" al sector de la construcción naval.
Aunque el periodo de tiempo en que se han declarado ilegales dichas ayudas (de 2007 a 2011 en lugar de 2005 a 2011) y, por tanto, la cantidad a devolver se haya visto reducida respecto a la anunciada inicialmente, la noticia ha sentado muy mal en todos los estamentos de Euskadi relacionados con este sector productivo.
Los agentes que se han pronunciado han coincidido unánimemente al demandar al Gobierno de España y a la Unión Europea que adopten medidas para aminorar el impacto económico negativo que esta decisión pueda tener sobre el sector naval español.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha advertido de que la decisión de la Comisión Europea "no contribuye a generar tranquilidad para la confianza en el futuro del sector", ha pedido medidas de apoyo para los astilleros por parte de Europa y se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno del Mariano Rajoy para ver "cuál es la forma menos lesiva de aplicar esta devolución".
La Diputación Foral de Bizkaia también se ha comprometido a colaborar con el Gobierno Vasco en la búsqueda de mecanismos que permitan la supervivencia del sector naval en este territorio al que, en su opinión, la decisión de Bruselas ha dejado en situación "muy grave".
"Va a paralizar a corto plazo las contrataciones del sector, generará una importante incertidumbre que frenará las posibles inversiones futuras y complicará, por tanto, el acceso a la financiación por parte de los astilleros", ha advertido el Ejecutivo foral.
El Foro Marítimo Vasco, que agrupa a las empresas de la industria naval de Euskadi, ha tachado de "claramente discriminatoria e injusta" la decisión de la Comisión Europea, pero ha asegurado que "no va a tirar la toalla".
"87.000 familias en todo el Estado dependen de que seamos capaces de gestionar la situación creada por la Comisión Europea", han agregado.
El comité de empresa del astillero de La Naval de Sestao (Bizkaia), el más importante del País Vasco, ha reclamado al Gobierno de Rajoy que articule las medidas necesarias para asegurar el futuro del sector naval, al tiempo que ha garantizado que seguirá "en la lucha" y que estudiará movilizaciones en defensa de sus puestos de trabajo y de la viabilidad del sector.
El Ayuntamiento de Sestao ha mostrado su preocupación por "las graves consecuencias laborales y sociales" que tendrá la decisión de la UE y ha convocado una concentración para mañana, jueves, a favor de esta industria.
En el apartado político, la presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha instado al Gobierno español a que "plantee una pelea fuerte" para que se anule la decisión de devolver esas ayudas y ha pedido al Gobierno central que genere "con urgencia" planes estratégicos y específicos que ayuden a "mitigar el palo" para el sector.
El PSE-EE de Euskadi ha proclamado "no compartir" y "deplorar" la decisión adoptada por Bruselas y ha manifestado que la resolución finalmente adoptada, a instancias del comisario europeo de la Competencia, el socialista bilbaíno, Joaquín Almunia, no era la esperada, "ni tampoco la que correspondía a los argumentos jurídicos e industriales aportados en el proceso por el sector de la construcción naval".
El diputado del PP en el Congreso por Bizkaia Leopoldo Barreda ha afirmado que el Gobierno de Mariano Rajoy trabajará con el objetivo de que el sector naval no tenga que devolver ninguna cantidad económica hasta junio de 2011, fecha en la que se abrió este expediente.
De "penosa y muy perjudicial" ha calificado EH Bildu la decisión de la Comisión Europea de exigir la devolución de las ayudas fiscales y ha pedido al Gobierno del PP que garantice el futuro de los trabajadores de los astilleros y del propio sector.
La portavoz de la coalición abertzale en la Cámara vasca, Laura Mintegi, ha opinado que aunque Bruselas "tenía otras opciones para aliviar el daño, al final ha vuelto a posicionarse al lado de los 'lobbys' económicos".
El sindicato vasco ELA ha afirmado hoy que la decisión de Bruselas "puede ser un rejón de muerte" para la industria naval y la ha achacado a las "políticas neoliberales impuestas desde Europa y asumidas complacientemente por los distintos Gobiernos de Madrid y de Vitoria-Gasteiz".
