BILBAO. El sector naval del Estado español considera que una decisión hoy de la Comisión Europea que obligase a devolver, incluso desde 2007, las deducciones fiscales aplicadas por los astilleros en la pasada década produciría un efecto "devastador" sobre la industria naval del Estado. Esta es una de las conclusiones que han avanzado desde la asociación de astilleros Pymar tras valorar como "absolutamente insuficiente" la última propuesta defendida por el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, y en la que aboga porque España devuelva las ayudas fiscales aplicadas en la construcción de barcos desde 2005, año en que se oficializó en Bruselas el rechazo al sistema de tax lease aplicado por Francia, y 2011, fecha en la que la CE abrió el expediente suspendiendo la aplicación de las normas fiscales en los astilleros del Estado.
Por mucho que el comisario Almunia insista en que solo tendrían que hacer frente a las devoluciones los financiadores, -ni los astilleros, ni los armadores estarían obligados-, la realidad es que la situación de incertidumbre jurídica que se generaría por los previsibles pleitos legales dificultaría sobremanera a las empresas afectadas el realizar nuevas contrataciones lo que abocaría a la mayoría al cierre.
Los astilleros del Estado insisten en que tienen argumentos jurídicos para que se les conceda el mismo trato que a Francia, eximida de devolver las ayudas, y para que solo se compute cualquier posible decisión sancionadora a partir de 2011, fecha en la que se abrió el expediente sancionador.
Desde el sector se recuerda que están bajo investigación por la CE prácticas fiscales similares aplicadas en la construcción naval de Francia, Holanda, Grecia y Malta lo que, de sentar el caso español un precedente, afectaría a todo el sector naval europeo en beneficio del asiático. En los últimos diez años, Corea ha pasado de construir 8,5 millones de toneladas CGT en 2004 a dieciséis millones; y China, de tres millones a catorce, mientras que el Estado español no supera las 300.000 toneladas. Europa que controlaba el 25% del mercado mundial en los años noventa solo supone hoy el 2,8%.
El Gobierno vasco admitió ayer por boca de su portavoz, Josu Erkoreka, la preocupación que genera una posible resolución negativa de Bruselas para los intereses de los astilleros vascos. Por ello, espera que la resolución de la UE sobre las ayudas a los astilleros sea "lo menos lesiva posible" para los intereses del sector naval en Euskadi, que es "viable, competitivo y merece la pena mantener". Sobre la posibilidad de que se reduzca el período de la sanción y que se calcule desde 2007 a 2011 y no desde 2005, Erkoreka afirmó que sería "la decisión más llevadera" porque las consecuencias negativas serían menores para los astilleros, y"sería bienvenida" aunque el Gobierno vasco no la aplaudirá.
Pedro Azpiazu, portavoz del PNV en política industrial en el Congreso, aseguró que "mañana, [por hoy], la CE puede cometer un gravísimo error que nadie entenderá", si obliga a devolver las ayudas pues "de cometerse la tropelía anunciada se abocará a la desaparición al sector naval".