Madrid. El Gobierno español ha puesto en marcha, por fin, la reforma del sector eléctrico encaminada a reducir el déficit de tarifa que acumulaba ya más de 26.000 millones de euros. Para ello el nuevo modelo recorta los ingresos de las compañías eléctricas tradicionales, reduce las primas a las energías renovables, permite que varias centrales de ciclo combinado a gas, -cuya producción de energía sobra en estos momentos-, entren en hibernación y, como casi siempre, sube la tarifa eléctrica a los consumidores domésticos.

En un primer momento, la luz subirá el 3,2% en los próximos días. De esta forma, los consumidores del Estado español aportarán de sus bolsillos unos 900 millones de euros para acabar con el déficit de tarifa, una quinta parte de los 4.500 millones de euros totales estimados para este ejercicio. Con este alza, la subida de la tarifa eléctrica en los últimos dos años asciende al 8%, que se añade a la del 63% registrada entre 2003 y 2011, dado que la factura media anual pasó de 360 a 568 euros.

El problema es que los españoles ya pagan unas tarifas de la energía eléctrica más altas de Europa cuando, curiosamente, en un recibo medio mensual de 80 euros, la producción y el suministro de la energía solo supone unos 25 euros y el transporte 14 euros. En total, el 51% de la tarifa son impuestos y recargos ajenos al propio consumo eléctrico.

El Consejo de Ministros aprobó ayer, - tras el enfrentamiento días pasados entre el ministro de Industria, José Manuel Soria, partidario de dulcificar el ajuste a las compañías eléctricas tradicionales y a los consumidores, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se negaba a que las cuentas del Estado asumiesen más déficit-, una reforma eléctrica que, según el Gobierno de Rajoy, tiene voluntad de "ser definitiva" tras varios años de parches, y que, en teoría, reparte los esfuerzos entre todas las partes del sistema eléctrico para tapar el agujero de 4.500 millones anuales que acarrea el sistema porque los ingresos suman menos que los gastos.

Los consumidores sufrirán una primera subida de la luz del 3,2% en los próximos días pero las compañías, -las Iberdrola, Endesa, HC-Naturgas, etc- tampoco salen bien paradas porque cobrarán menos por su red de distribución y por las primas de las energías renovables. ello se ha reflejado en Bolsa con caídas generalizadas de las compañías del sector desde las eléctricas citadas a REE-Red Eléctrica, la encargada del transporte por la alta tensión. La mejor parada ha sido Iberdrola que solo perdió ayer un 3,35% de su valor frente al 4,56% de Endesa, el 7,54% de REE o el 8,05% de Gas Natural Fenosa.

Rentabilidad suficiente Pese a los recortes de ingresos a las compañías, según el Ejecutivo, se les garantiza una rentabilidad suficiente pues las instalaciones de renovables tendrán un nuevo régimen vinculado al Tesoro más un diferencial determinado, lo que garantizará una rentabilidad del 7,5%. Este mecanismo estará acompañado de un sistema específico de incentivos para Canarias y Baleares, cuya insularidad genera unos costes adicionales. Pese a ello, Endesa, el operador de las islas cayó más en Bolsa que Iberdrola. Adicionalmente, y pese a la oposición inicial de Montoro, los Presupuestos Generales del Estado asumen parte del desfase por importe de unos 900 millones de euros.

En definitiva, el Gobierno español de Mariano Rajoy ha forzado a asumir esfuerzos a todas las partes implicadas en el sistema eléctrico pero con un pagano claro, además de las eléctricas tradicionales: los consumidores. Estos tiene que afrontar los errores de planificación de anteriores Gobiernos con nuevas subidas de la luz hasta convertirse en los ciudadanos con un recibo eléctrico entre los más caros de la UE.

Los consumidores asumirán parte de los recortes tanto en el recibo de la luz, con futuras subidas, como a través de los impuestos.

Una optimista vicepresidenta de Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría no dudó en señalar que "es la reforma definitiva para resolver los problemas del sistema eléctrico", algo que no es rigurosamente cierto porque el déficit de tarifa no se elimina totalmente.

La representante del Gobierno español señaló que el ajuste "no lo hacemos cargando todo el peso de las medidas sólo sobre el consumidor, como se ha hecho otras veces". Obviamente la realidad es un poco diferente porque la reforma eléctrica contempla un incremento del recibo con carácter inmediato del 3,2% (fruto de subir un 6,5% la parte del recibo que depende del peaje del Ministerio Industria y que representa un 40% del precio final),.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha centrado toda su defensa de la necesidad de la reforma en que, sin las medidas que contempla, la subida de la tarifa tendría que ser del 42%. "Había dos alternativas o la quiebra del sistema o la subida del precio de consumo de más del 40%. Y no las queremos".

La tarifa de la luz que pagan los consumidores domésticos, no obstante, ha crecido un 63% en ocho años. Industria crea, además, un nuevo sistema de tarifa que incluye una revisión automática del recibo si se detecta un desajuste entre los ingresos y los costes del sistema. Los aumentos de los costes conllevará un incremento automático del los ingresos mediante subidas de los peajes de acceso (la parte regulada del recibo) o sea más subidas del recibo.

Tarifa doméstica En paralelo, la tarifa de último recurso (TUR), a la que se acogen la inmensa mayoría de los consumidores domésticos, pasará a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor. Esta tarifa seguirá aplicándose a los clientes con menos de 10 kilovatios de potencia contratados y el Ejecutivo destacó que "no cambiará el concepto" de su aplicación, pero permitirá la entrada de nuevas empresas comercializadoras. El Gobierno también impone más recortes a las compañías del sector, tanto eléctricas tradicionales como a las renovables, que les costarán 2.700 millones de sus ingresos. Industria crea un nuevo sistema retributivo para la distribución y el transporte de la electricidad, que supone una fuerte rebaja de lo que ingresan las compañías. A partir de ahora, el pago por la distribución contempla una rentabilidad del interés del bono español a 10 años más 200 puntos, en torno a un 6,5%, en definitiva.