BILBAO. El comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, prepara un nuevo informe sobre el conflicto del tax lease español en el que, según fuentes cercanas a los negociadores con las autoridades comunitarias, eximiría a los armadores, la mayor parte extranjeros, de hacer frente a la devolución de las deducciones fiscales pero mantendría la obligación a España de reembolsar las supuestas ayudas con lo que el efecto negativo sobre los astilleros del Estado continuaría.
Los astilleros de la Cornisa Cantábrica ya han sufrido bastante en los últimos años por la incertidumbre jurídica generada con el tema. El conflicto del tax lease naval ha hecho caer la cartera de pedidos de los astilleros del Estado español desde 1.052.805 toneladas CGT al cierre de 2008, -el último año completo de normalidad en la construcción naval antes de que se iniciaran las protestas de las empresas de Holanda y Noruega-, a 313.246 toneladas a finales de 2012. Una reducción a casi la cuarta parte de los pedidos de buques, pedidos que desde la apertura oficial del expediente por parte de la Comisión Europea en 2011 se han reducido prácticamente a cero pese a que en 2009 la anterior comisaria de la Competencia Neelie Kroes comunicase por carta a Noruega que el sistema de deducciones fiscales español no incumplía las normas comunitarias
Es en este contexto cuando se presenta el lehendakari Iñigo Urkullu, con una representación del Estado español entre la que se encuentra el ministro de Industria, José Manuel Soria, ante el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, con más argumentos para solicitar que no se obligue a España a devolver los cerca de 3.000 millones de euros de las deducciones fiscales aplicadas en la construcción de barcos en la pasada década porque ello pondría en grave riesgo todo el sector de construcción naval del Estado español con la consiguiente destrucción de casi 80.000 empleos.
La delegación formada, entre otros, por el lehendakari Urkullu, firme en su decisión de defender al sector naval vasco, el ministro de Industria y los presidentes autonómicos de Galicia y Asturias se entrevistará en la mañana de hoy en Bruselas con Almunia a la espera de una modificación favorable de la postura comunitaria.
El problema es que fuentes próximas a las negociaciones mantenidas con las autoridades de la Competencia consideran que la delegación se puede encontrar con esta nueva propuesta del comisario Almunia que apenas mejoraría la inicial. Es más, las citadas fuentes, consideran que sería tan perjudicial para la industria de construcción naval del Estado español como la inicial. En principio, siempre según las fuentes citadas, la CE eximiría a los armadores europeos de la devolución de las supuestas ayudas obtenidas en base a la aplicación al antiguo tax lease, pero mantendría la obligación de devolver las ayudas lo que afectaría directamente a los inversores, entidades financieras como el Santander o empresariales como Inditex, entre otros, e indirectamente a las empresas de construcción naval que en el caso vasco son Astilleros Zamakona, Murueta, Balenciaga y La Naval.
Como se recordará, en última instancia los astilleros son las empresas que, según los contratos de derecho privado firmados entre los participantes en las operaciones, han de responder ante cualquier cambio normativo.
No hay que olvidar que en el caso de que de la resolución comunitaria se dirija contra los inversores, las entidades financieras que han retenido pagos a los astilleros por la incertidumbre jurídica creada por el expediente abierto por la CE, los bloquearían definitivamente, provocando, en muchos casos, la insolvencia de muchos de los astilleros del Estado.
Con independencia de que la decisión de Bruselas, como se jacta Almunia una y otra vez, no permita a los inversores dirigir la reclamación contra terceros, los bancos e inversores afectados iniciarán una interminable cadena de pleitos y negarán el crédito y los avales al estigmatizado sector naval español, que se vería abocado al cierre.
