BILBAO. "He escuchado que estamos dando un trato diferente al sector español que al sector francés. Estamos dando exactamente el (mismo) trato que recibió Francia". El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, Joaquín Almunia, se sintió ayer obligado a dar explicaciones y a defenderse ante el aluvión de críticas que lleva recibiendo desde que confirmara hace menos de una semana que España tendrá que recuperar las ayudas públicas concedidas en el marco del tax lease al sector naval español. Según Almunia, ni está tratando de forma discriminatoria a los astilleros españoles ni tiene otra posibilidad distinta que exigir la recuperación de unas bonificaciones fiscales que son, a su juicio, incompatibles con las normas europeas.

"No es por un capricho, una obsesión o por controlar nada. Cada vez que la Comisión Europea declara incompatibles con el marco legal existente algunas ayudas, inmediatamente la obligación de quienes las han recibido más allá del límite legal es devolverlas", zanjó sobre una propuesta de decisión que presentará a la reunión del colegio de comisarios el próximo 17 de julio. Aunque no dio cifras concretas, sí avanzó por qué reclamará la devolución únicamente de las ayudas a partir de mediados de 2005. "Desde la aprobación del sistema español en 2002 hasta la mitad de 2005 no pedimos la devolución de la ayuda porque tampoco se le pidió a Francia por ese periodo. Hacia atrás no se exige la devolución de las ayudas ni a Francia ni a España".

Según Almunia, a raíz de una decisión adoptada en 2006 todo el mundo sabía que este tipo de sistemas, a partir de determinados límites, no eran compatibles. Dicho de otra forma, tanto el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como el de Mariano Rajoy sabían que el sistema de bonificaciones fiscales del que se estaban beneficiando armadores e inversores vulneraba las normas europeas de ayudas de estado. También reiteró lo que ya dijo en Madrid hace una semana, que la decisión no se dirige contra los astilleros. "Me sorprende escuchar a algunos representantes del sector que dicen que: no, pero nosotros somos responsables. Y yo insisto: no son responsables de devolver. Ni un solo astillero tiene que devolver un solo euro", advirtió.

Su propuesta señala "taxativamente" que quienes tienen obligación de devolver los casi 3.000 millones de euros, según las cifras aportadas por el sector, son los grupos de interés y los inversores que participaron en esos grupos así como los armadores que compraron los buques a los astilleros. Almunia también avanzó qué información solicitará al gobierno español: quienes son los que participaron en los grupos de interés económico, qué ayuda fiscal recibieron, quienes son las navieras que compraron los buques y en qué medida los beneficios fiscales de unos y otros cumplen con la normativa comunitaria que los Estados miembros tienen que respetar. También advirtió que si hay cláusulas contractuales que obligan a los astilleros a asumir el reembolso de las ayudas esos contratos "no existen jurídicamente" porque van contra la normativa europea.

El comisario también dejó claro que "jurídicamente" no hay perdón posible y ante las críticas vertidas, tanto por el sector como desde su partido, responde: "hay que tener presente qué es un comisario europeo y para qué existe la Comisión Europea y cada uno de sus miembros. Existimos y estamos aquí para hacer valer el interés europeo (...) Haríamos un mal servicio a la UE si pensamos más en los intereses de un país, sea el nuestro u otro, que de los intereses del conjunto y desde luego no seríamos comisarios ni un día más si no respetamos nuestras propias normas jurídicas", advirtió.