Las rebajas de sueldos en empresas vascas pueden resolverse desde el lunes en Madrid
Lakua trabaja en la creación de su propia comisión de arbitraje para que esta situación no se alargue
Adrián Legasa
Vitoria. La Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos empezará a jugar desde el próximo lunes un papel relevante en las relaciones laborales de Euskadi. Este organismo es un comité formado por Gobierno, patronal y sindicatos españoles que decide si una empresa puede dejar de aplicar o no el convenio en vigor. Rajoy dio un plazo de tres meses a la CAV para constituir su propia comisión de arbitraje, pero la férrea oposición de los sindicatos vascos a este organismo ha hecho que el Gobierno de Iñigo Urkullu se demore en su creación a la búsqueda de un acuerdo más amplio sobre convenios. El plazo concluye mañana y, como la comisión vasca no está lista, desde el lunes las empresas podrán llevar un conflicto a Madrid para que sea resuelto allí.
El arbitraje obligatorio que introdujo la reforma de Rajoy es uno de los grandes puntos de enfrentamiento entre la patronal vasca y los sindicatos, tanto en las mesas para renovar convenios como a la hora de acercar posturas para la firma de un acuerdo interprofesional que desbloquee la negociación colectiva en su conjunto antes del 7 de julio. Para Confebask es muy importante que una empresa pueda recurrir a un árbitro en caso de que no logre un acuerdo con los representantes de los trabajadores para modificar condiciones laborales. Así, la empresa evita que la conflictividad se alargue en el tiempo.
Los sindicatos, en cambio, entienden que dejar en manos de la empresa la entrada en juego de un árbitro distorsiona la negociación colectiva y deja a los sindicatos sin margen de maniobra a la hora de recurrir al conflicto colectivo. Añaden, además, que ese árbitro es de parte, es decir, que en muchos casos va a posicionarse en favor de la empresa.
Por eso, ELA y LAB piden al Gobierno Vasco que se enfrente a la reforma laboral y no cree una comisión de arbitraje en la CAV. El problema es que el Gobierno de Rajoy abre la puerta a que a partir del lunes las empresas de los territorios donde no existe un árbitro autonómico recurran al estatal. Por tanto, se va a dar la circunstancia de que un comité formado por CEOE, CCOO y UGT y el Gobierno español decidirá cómo se resuelve una inaplicación de convenio en Euskadi, con su propia patronal y su propia mayoría sindical. No obstante, el árbitro debe basar su veredicto en la reforma, que dicta que el descuelgue es posible cuando la empresa encadene seis meses de caída de ingresos o ventas.
En el constitucional Fuentes de Lakua indicaron ayer que se está trabajando para la configuración de una comisión en la CAV, pero que aún se desconoce cuándo estará lista. Cuando se ponga en marcha, la vía de Madrid quedará anulada. Por otro lado, CCOO y UGT han llevado al Constitucional la comisión estatal al considerar que vulnera el derecho a la negociación colectiva, proceso pendiente de resolución y que podría dar otro giro a la regulación laboral.
Las relaciones laborales en Euskadi
Los conflictos laborales se han disparado a causa de la desaparición de los convenios sin renovar el 7 de julio. Foto: José Mari Martínez
La comisión formada
por sindicatos, patronal y Gobierno españoles no operará cuando la CAV tenga su propio sistema
ELA y LAB se oponen de forma férrea al arbitraje obligatorio y CCOO
y UGT llevaron el comité
al Constitucional
El arbitraje
l Fin de plazo. Rajoy dio un plazo de tres meses desde el 16 de marzo para que las autonomías creasen su propio sistema de arbitraje. Cumplido el plazo, en las comunidades sin su comisión propia operará la estatal.
l Qué se decide. El comité decide si una empresa puede rebajar las condiciones pactadas en convenio, en base a los criterios que fija la reforma.
l La comisión vasca. Lakua está trabajando en una comisión. Cuando esté operativa, la vía de Madrid quedará cerrada para las firmas vascas.