bruselas. La Comisión Europea ha terminado por comprender que la generosidad no está reñida con la exigencia, que se puede abrir la mano pero seguir al mismo tiempo apretando. Dicho de otra forma, que se puede dar más tiempo a países como España para que corrijan su excesivo déficit público -el nuevo plazo será 2016 con un techo este año del 6,5% del PIB- siempre y cuando aceleren en el proceso de reformas estructurales pendientes. Un gesto que, en el caso español, tiene contrapartidas de calado y con un calendario muy preciso y ajustado: el gobierno tendrá que evaluar para el mes de julio a más tardar la reforma laboral y, si es necesario, enmendarla en septiembre, regular el factor de sostenibilidad de las pensiones para diciembre como tarde y llevar a cabo una revisión "sistemática" del sistema tributario para primavera.

Estos tres focos son la punta del iceberg de un plan de nueve recomendaciones que tiene todavía que ser discutido y aprobado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE el próximo 21 de junio pero que lo hará sin estar pendiente de la amenaza de un procedimiento por desequilibrios excesivos que hubiera puesto a la economía española bajo la tutela de la Comisión Europea y a merced de posibles sanciones. Aunque Bruselas admite que el programa español "es completo y va en la buena dirección" también alerta de que es "urgente adoptar y aplicar con eficacia las reformas pendientes" para que empiecen a tener efectos positivos. El listado de deberes es amplísimo. Incluye la creación este año de un organismo presupuestario independiente, mejorar la eficiencia y calidad del gasto público a todos los niveles de la administración, reducir el gasto farmacéutico de los hospitales, limitar el número de productos que se benefician del IVA reducido (10%), aumentar los impuestos medioambientales, especialmente los de los carburantes, y reducir las deducciones, evaluar de forma independiente los grandes proyectos de infraestructuras futuros y solucionar para finales de año el déficit de la tarifa eléctrica.

Exigencias "más concretas" y "precisas que nunca", según el comisario Olli Rehn, que suenan a déjà vu ya que muchas de ellas ya figuran en el paquete de recomendaciones presentado hace un año y cuyos progresos han sido o bien "limitados", según el diagnóstico de los expertos comunitarios, o bien parcialmente aplicados y con retrasos en reformas "clave" como la creación de un consejo independiente de responsabilidad fiscal, la promulgación de una Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y la liberalización adicional de los servicios profesionales. "La crisis nos deja la fuerte convicción de que las reformas son necesarias, el coste de no actuar será demasiado elevado", insistió su presidente José Manuel Durao Barroso.

Bruselas reitera que la consolidación fiscal sigue siendo vital pero ofrece una senda más tranquila a España para sanear sus cuentas con un plazo adicional de dos años, hasta 2016. Una prorroga acompañada de mayor generosidad para este año. Frente al 6,3% de techo de déficit incluido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, Bruselas permitirá un tope del 6,5% lo que significa un margen de 2.000 millones de euros adicionales y más oxígeno para las comunidades autónomas. Una relajación -5,8% en 2014, del 4,2% en 2015 y el 2,8% en 2016- que el comisario Rehn explicó ayer en el empeoramiento de la situación económica y el esfuerzo estructural acometido por España en 2012. La propuesta recuerda a España que sus inspectores seguirán vigilando trimestralmente sus progresos y le exige que tomen medidas para garantizar más transparencia en la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, frenar el creciente déficit estructural de la seguridad social y revise el gasto público y el sistema tributario.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn. Foto: efe

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Silvia Martínez

Corresponsal en Bruselas

l Gastos e ingresos. A fin de garantizar la corrección del déficit excesivo "en 2016 a más tardar", la Comisión Europea reclamó ayer a España "medidas estructurales suficientemente específicas para el período 2014-2016" porque "la corrección duradera de los desequilibrios presupuestarios se basa en la aplicación creíble de ambiciosas reformas estructurales".

l Subidas de impuestos. La CE propone revisar el sistema tributario antes de marzo de 2014, incluyendo una subida del IVA en los productos con tipo reducido -pasando del 10% al 21% de tipo general-, ya que reclama textualmente "explorar el margen existente para una mayor limitación de la aplicación de los tipos de IVA reducidos". Además, el Ejecutivo europeo cree que España podría aumentar impuestos medioambientales "relacionados con los carburantes", así como "adoptar medidas adicionales para reducir el sesgo en favor del endeudamiento en el impuesto de sociedades; intensificar la lucha contra la economía informal y el trabajo no declarado".

l Reforma de pensiones. Una de las medidas reclamadas más insistentemente es que el Gobierno español culmine "al final de 2013 a más tardar" la regulación del factor de sostenibilidad, a fin de garantizar "la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones", estableciendo, entre otras cosas, "que la edad de jubilación vaya aumentando en función del aumento de la esperanza de vida".

l Reforma laboral. Aunque la CE alabó ayer algunos logros de la última reforma laboral del PP, reclamó igualmente que se dé un paso más, porque "sigue habiendo margen para seguir facilitando las condiciones de entrada en el mercado y salida del mismo". La UE exige finalizar la evaluación de la reforma del mercado de trabajo, "abarcando todos sus objetivos y medidas" en julio y presentar modificaciones, si es necesario, "en septiembre".

l Paro juvenil. Aplicar las medidas de lucha contra el desempleo juvenil expuestas en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 es otra de las exigencias. La CE pide "reforzar la pertinencia de la educación y la formación para el mercado de trabajo", reducir el abandono escolar prematuro y potenciar la educación permanente, prorrogando la aplicación de la formación profesional dual más allá de la actual fase piloto e introduciendo un sistema global de seguimiento del rendimiento de los alumnos a finales de año.

l Gasto sanitario. Bruselas pide a España aumentar la relación "coste-eficacia del sector sanitario", por ejemplo "reduciendo el gasto farmacéutico de los hospitales", potenciando la "coordinación entre los distintos tipos de asistencia sanitaria" y mejorando los incentivos a favor de un "uso eficiente de los recursos".

l Organismo presupuestario. La CE pide también establecer un organismo presupuestario independiente antes de finales de 2013, así como "mejorar la eficiencia y la calidad del gasto público" en todos los niveles de la administración".

l Administración local. Según Bruselas "la estructura administrativa altamente descentralizada precisa de una coordinación". Para ello propone la reforma de la administración local y elaborar antes de octubre "un plan de aumento de la eficiencia de toda la administración pública". También exige "adoptar y aplicar las reformas en curso para aumentar la eficiencia del sistema judicial".

l Mercado eléctrico. Bruselas insiste en que "hay margen para seguir mejorando la competencia en el mercado minorista de la electricidad" y recomienda "abordar el déficit de la tarifa eléctrica adoptando y aplicando una reforma estructural del sector de la electricidad" antes del finales de año. Otro de los requerimientos es que se adopten medidas "para garantizar la competencia efectiva en los servicios de transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril".

l Unidad de mercado. La CE propone aprobar y aplicar "urgentemente" el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y "acelerar todas las acciones complementarias necesarias para su pronta aplicación". A su juicio, España debe reducir el número de procedimientos de concesión de licencias y hacerlos más cortos para quienes aspiren a montar una empresa. Pide además, que se limite "la responsabilidad personal de los empresarios" y que se faciliten "las segundas oportunidades para las empresas que hayan quebrado".

l Contra la pobreza. La lista las recomendaciones también incluye una mención a la, para la CE necesaria labor del Gobierno para "reducir el número de personas con riesgo de pobreza o marginación social" y aumentar la empleabilidad de las personas con menor acceso al mercado laboral estatal.

Principales recomendaciones de la CE