madrid. El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, puede ser sancionado por vulnerar la Ley del Mercado de Valores por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), al menos, con una falta muy grave al no comunicar en su día la venta de un paquete muy significativo de sus acciones que llevó a cabo en diciembre, enero y febrero.

El máximo accionista de la compañía se deshizo de la mitad de sus acciones en Pescanova -embolsándose más de 32 millones de euros- y lo hizo justo antes de anunciar el preconcurso de acreedores de la pesquera a principios de marzo. Esa situación hundió el valor de los títulos de la compañía, que llegaron a desplomarse. Actualmente, se encuentran suspendidos de cotización, en los 5,91 euros, desde hace más de un mes y la situación no tiene visos de recuperarse.

Fernández de Sousa comunicó a la CNMV que controla un 7,45% de las acciones de la multinacional pesquera. Es decir, algo más de la mitad de la participación que ostentaba en septiembre del pasado año, cuando informó de que poseía un 14,4%.

Quiebra Pescanova también presentó ayer ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra la solicitud de concurso voluntario de acreedores, en cumplimento del acuerdo adoptado por el consejo de administración de la compañía el pasado día 4, y eligió a la consultora KPMG como auditora forensic para auditar sus cuentas, tras la revocación de BDO Auditores.