MADRID. El Gobierno del Partido Popular se ve incapaz de reducir más el gasto público sin colapsar la economía del Estado español por lo que negocia con Bruselas una flexibilización del objetivo de déficit público para este año, que podría situarse en el entorno del 6% del PIB, frente al 4,5% propuesto inicialmente. De aprobarse por Bruselas este nuevo objetivo, -aunque Alemania se niega a conceder más del 5,5%, según diversas fuentes- será la segunda vez que España se vea incapaz de cumplir con los escenarios pactados con Bruselas.

Como se recordará en el plan de estabilidad 2001-2014 se pidió a España que el déficit público no superase el 3% este año pero en julio de 2012 se revisaron las cifras ante la mala evolución de la economía española y se elevó el techo de déficit hasta el 4,5% y ahora el Ejecutivo de Rajoy pretende que se eleve hasta el 6% después de cerrar el pasado ejercicio en una tasa del 7%, también por encima de lo previsto.

La falta de crecimiento económico en Europa, en general, y en España, en particular, impide aumentar los ingresos fiscales en la medida de lo previsto y los continuos aumentos de la presión fiscal, vía IVA o tasas varias, sólo están ayudando a a estrangular aún más al economía, en especial el consumo interno. Ello, además de recortar los beneficios empresariales, está destruyendo empleo con lo que se reducen los ingresos por IRPF o el IVA del consumo, -las ventas de coches por ejemplo han vuelto a caer en marzo casi un 13%-, y aumentan los gastos sociales de desempleo. Aunque la austeridad fiscal es necesaria porque no se puede gastar indefinidamente más de lo que se ingresa acelerar el proceso podría, vista la experiencia, agudizar la recesión con lo que se obtendría un efecto contrario al perseguido.

En todo caso no hay que olvidar que España está a un paso de no retorno en su deuda pública pues con el nuevo techo de déficit, si se aprueba por Bruselas, el endeudamiento español puede superar ya el 100% del PIB, un montante difícil de devolver en el contexto macro- económico de una España con 6 millones de parados, una población envejecida y una tasa de natalidad mínima.

Ni siquiera el recurso a las exportaciones es suficiente porque el principal mercado español es la eurozona y los datos de Eurostat prevén un crecimiento nulo en la misma este año con lo que las ventas en el exterior son insuficientes para compensar la caída del mercado interno. De hecho, todos los analistas prevén un descenso del PIB español en 2013 de al menos el 1,5% pese a que el Gobierno elaboró los presupuestos con un -0,5%.

Más margen autonómico La nueva cifra de déficit que se está negociando con Bruselas, según Europa Press, se incluirá en el Programa de Estabilidad 2013-2016 que España remitirá a la Comisión Europea a mediados de este mes. El nuevo objetivo de déficit para España, -que previsiblemente permitirá también que la meta del 3% se aplace hasta el 2015-, se repartirá entre todas las administraciones públicas, de manera que las comunidades autónomas no tendrán que cerrar sus cuentas con un déficit del 0,7%, sino algo superior. Nuevo techo que es esperado como agua de mayo, entre otros, por Catalunya, a punto del colapso en sus cuentas públicas.

El pasado 5 de marzo, representantes del Ministerio de Hacienda y de la CE ya mantuvieron en Madrid un encuentro en el que analizaron la posible flexibilización del calendario y de los plazos para alcanzar los objetivos de déficit, según fuentes del Ejecutivo. Madrid ofrece a Bruselas para conseguir su beneplácito al nuevo techo de déficit las medidas estructurales ya puestas en marcha como son la reforma laboral, la financiera, los recortes en las pensiones y la elevación de la edad de jubilación a 67 años, la subida del IRPF y el IVA, los recortes en las prestaciones de desempleo, el recorte de pagas al sector público, la reforma constitucional para priorizar el pago de la deuda exterior etc.

Pese a todo no está claro que Bruselas, -o más bien la Alemania de una Angela Merkel en época pre-electoral-, acepte subir el techo de déficit hasta el 6% sin pedir una profundización en los ajustes por no hablar de los mayores costes de financiación, vía prima de riesgo, que puede acarrear.