BILBAO. Los sindicatos abrieron ayer la puerta a la participación de las Entidades de Prestación Social Voluntaria de los funcionarios en el programa de financiación de pymes y autónomos del Gobierno Vasco. El presidente de Confebask, Miguel Ángel Lujua, propuso hace unos meses esa posibilidad, y el lehendakari se comprometió a analizar su viabilidad. El planteamiento tenía varias aristas, la principal, el rechazo de los sindicatos a destinar parte de los complementos salariales que reciben los empleados públicos a una inversión que no reportarían beneficios. Las empresas devolverían a las EPSV el préstamo, que tendría unas condiciones ventajosas para las empresas, sin generar rentabilidad para los fondos de pensiones.

La Unión Europea además advirtió de la posible ilegalidad del mecanismo de avales públicos con el que el Gobierno Vasco asumiría el reintegro del crédito en caso de que la pyme o el autónomo no pudiera hacerlo. No hubo margen para establecer un programa marco que canalizará los recursos de todas las EPSV, pero el Ejecutivo del PNV, tras reunirse con los gestores de los fondos de inversión y constatar su interés, decidió dejar el programa de financiación abierto de cara a la incorporación individual y voluntaria de los fondos de pensiones.

Por esa puerta se asomaron ayer los representantes de ELA, LAB, CCOO, UGT y SATSE que comparecieron ante la comisión de Instituciones del Parlamento Vasco para exponer su posición en torno a la propuesta de Confebask. Todos se mostraron dispuestos a buscar fórmulas para que parte que los fondos colaboren en la reactivación económica, no sólo en la financiación de pymes y autónomos.

La posibilidad de utilizar los fondos del ahorro privado a la financiación de circulante volvió de este modo a coger impulso, tras haberse enfriado por la complejidad del mecanismo y la presencia al 50% de sindicatos y administración en los órganos de gobierno de las dos grandes EPSV de las administraciones. Itzarri -el fondo de pensiones de los funcionarios del Gobierno Vasco- Elkarkidetza -diputaciones y ayuntamientos- gestionan un patrimonio de más de 1.200 millones de euros.

implicación de cajas y bancos A esa cifra habría que añadir otros 16.000 millones depositados en los bancos y cajas por los ciudadanos de la CAV, las EPSV privadas. Gran parte del sector financiero ya participa en el programa de circulante de 600 millones que hoy aprobará el Ejecutivo, con lo que la entrada de los fondos de los funcionarios supondrían cerrar el circuito de la financiación empresarial.

Según ha podido saber este diario, Lakua ha logrado el apoyo de Kutxabank, Caja Laboral Ipar Kutxa, Banco Sabadell Guipuzcoano, Bankoa-Crédit Agricole, Caixabank y Banco Santander. Estas seis entidades financieras serán las encargadas de inyectar el dinero en las empresas, como siempre bajo el paraguas de los avales de Oinarri y Elkargi.

Todavía queda trabajo de cocina para que sea posible sumar los recursos de las EPSV a tenor de las declaraciones de los sindicatos. Joseba Villarreal, responsable de negociación colectiva de ELA y miembro de la junta de gobierno de Itzarri, tras afirmar que su sindicato está abierto a buscar fómulas para que las EPSV destinen parte de su patrimonio para reactivar la economía, aseguró tener la impresión de que Lakua les había presentado la "venta de un producto financiero".

Desde una posición favorable, Oihan Ostolaza, LAB, incidió en que sería necesario extremar el control para evitar que una empresa recibiera financiación a través de este mecanismo para utilizar el dinero a financiar un ERE. Raúl Arza, de UGT, respaldó el diálogo para situar a las EPSV en el eje de la reactivación económico, pero pidió, entre otras cuestiones, que se cierre el acceso al programa a las empresas que apliquen la reforma laboral.