bilbao. El consejero vasco de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, habla sin cortapisas de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Rajoy. Y centra sus críticas en dos puntos. Sobre el primero, las nuevas condiciones de despido, lamenta que "algo tan dramático" como es dejar a un empleado en el paro no exija al empresario "condiciones más exigentes". También carga contra el vacío regulatorio que puede invadir las relaciones laborales el 7 de julio a causa del límite de un año que fija la reforma a la prórroga de los convenios caducados.
La reforma que entró en vigor hace un año, y que sufrió algunas modificaciones cuando fue aprobada definitivamente el 7 de julio tras pasar por el Congreso, ha ampliado todavía más el abismo entre sindicatos y empresarios vascos. Para los primeros la reforma es una declaración de guerra contra el modelo actual de negociación colectiva y para los segundos es la fórmula para poder adaptar la producción a la situación del mercado. Argumentan sus defensores que las posibilidades que abre la reforma para modificar las condiciones laborales dan al empresario una alternativa a los despidos.
Sin embargo, el peso de las estadísticas dispara las críticas. En 2012 España destruyó 850.000 empleos, y en la CAV se perdieron más de 40.000, según Eustat. Según un artículo publicado en The Guardian, la reforma laboral no ha logrado crear empleo. El rotativo británico señala, poniendo como ejemplo la industria del automóvil, que España está robando puestos de trabajo a otros países como Francia o Alemania. "Por cada trabajo en la competitiva industria automotriz española hay un empleo menos en Francia, Italia o Alemania", afea el autor del artículo, que cree que la reforma está "empobreciendo" al conjunto de los ciudadanos europeos.
Éste es solo el ejemplo de cómo incluso desde fuera del Estado español empiezan a proliferar las críticas hacia una de las medidas estrella de Rajoy, si bien es cierto que otros agentes como el BCE insisten en que España debe seguir devaluando salarios y abaratando el despido.
mínimos comunes En plena batalla entre detractores y defensores, el consejero de Empleo busca hacer de mediador en Euskadi para intentar que la reforma no rompa de forma irreversible las deterioradas relaciones entre patronales y sindicatos. Para frenar la sangría del paro y preservar el entramado de convenios vascos, Aburto pretende que empresarios y trabajadores acuerden mínimos comunes sobre los puntos claves de la reforma, pero aún así no evita dar su opinión. "A mí la reforma no me gusta. Siendo algo tan dramático hacer un despido, creo que las condiciones que se piden al empresario deberían ser más exigentes", dijo ayer Aburto en Euskadi Irratia. Hacía referencia el titular de Empleo a la posibilidad que tiene una compañía de articular un despido colectivo con una indemnización de solo 20 días por año trabajado en caso de que acumule nueve meses seguidos de caída de los ingresos, incluso con beneficios.
Por otro lado, Aburto lamenta la reducción a un año de la ultraactividad -el tiempo que permanece en vigor un convenio tras concluir el plazo para el que fue suscrito-. Si el centenar de convenios de sector que se firman en Euskadi, la mayoría ya fuera de plazo, no son renovados antes del 7 de julio, desaparecerán las garantías laborales de casi medio millón de asalariados vascos.
"Miles de trabajadores quedarían desprotegidos y eso no es bueno", advirtió ayer el consejero en la radio pública vasca. En este punto, a diferencia del coste del despido, que depende de la legislación vigente, o en su caso del juez, el Gobierno Vasco tiene un amplio grado de implicación. Lo tiene porque una de las directrices de la reforma obliga a las autonomías a constituir un órgano que arbitre y resuelva aquel conflicto laboral que surja porque una empresa pretende saltarse el convenio, por ejemplo, para bajar salarios.
Sucede que LAB pone como condición para sentarse a una mesa con la patronal Confebask y empezar a negociar un acuerdo intersectorial a nivel autonómico que encarrile la renovación de todos los convenios, que Lakua no ponga en marcha el mencionado organismo de arbitraje. La central abertzale entiende que el arbitraje obligatorio supone reducir a mínimos el poder sindical y que el Gobierno Vasco tiene margen para eludir la norma.
Aburto, consciente de la importancia de sumar a LAB al diálogo social toda vez que ELA ya ha dicho que no participará, abogó ayer por desarrollar con patronal y sindicatos un modelo de arbitraje diferente al que establece la reforma laboral. Si tiene éxito y logra implicar a LAB, por ahí podría venir el bautismo de un gran pacto sobre convenios en Euskadi que ponga freno, en parte, a la reforma de Madrid.
