Se mire por donde se mire, semana tras semana llegan nuevos datos que vienen a ser lo mismo desde hace meses al incidir en esa tendencia negativa que no nos abandona desde que estallara la crisis de los créditos basura. En esta ocasión la preocupación viene de la mano de las estadísticas del Eustat que confirman el declive de la economía vasca tras caer un 1,2% del PIB a lo largo de 2012, lo cual ha provocado el cierre de muchas empresas y la destrucción de 19.000 empleos. Las previsiones, por su parte, no son nada halagüeñas y golpean sobre un escenario dramático, tal y como hace días señalaba Ricardo Gatzagaetxebarría, el consejero vasco de Hacienda y Finanzas.

Pintan mal, muy mal, las cosas para la economía vasca, cuya dependencia del mercado europeo hace que debamos dirigir nuestra mirada hacia Bruselas para tratar de ver algún síntoma esperanzador. Un mínimo de aire con el que aguantar los próximos meses sumergidos en las procelosas aguas de la crisis. Pero en la sede de las instituciones europeas tampoco soplan buenos vientos, aunque esta semana los 27 países miembros de la UE dieran luz verde a un principio de acuerdo sobre el paquete presupuestario para el periodo 2014-2020, permitiendo al comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, el finlandés Olli Rehn, colgar en Twitter un lacónico "lo conseguimos".

Claro que ahora, no debemos olvidarlo, corresponde a los miembros del Parlamento Europeo ratificar el acuerdo de los 27 y ahora les asiste el derecho de veto. Por tanto, habrá que ver cómo reaccionan ante el hecho de que, por primera vez en la historia de la UE, la cuantía presupuestaria es inferior a la de su antecesor (2007-2013) en 33.000 millones de euros. Una circunstancia que no pasará desapercibida y que, posiblemente, haga olvidar los escasos aspectos positivos como el incremento de las dotaciones para I+D+i (4.000 millones); para luchar contra el desempleo juvenil (6.000 millones) y para el programa Erasmus (31%).

Los incrementos son muy limitados y, en cualquier caso, al repartirse en el transcurso de siete ejercicios, poco podrán aportar a la recuperación económica europea y, mucho menos, compensar el desequilibrio de la 'triple fragmentación' que se registra hoy en día en Europa, bien sea por efecto de la crisis que provoca dos cortes muy claros: el 'económico' que separa a los países ricos (acreedores) y los pobres (deudores); el corte 'social', que establece una distancia insalvable entre ciudadanos con empleo y parados con riesgo de exclusión. Por último, el 'monetario', marcando diferencias entre los países que han adaptado el euro y aquellos otros que mantienen su propia moneda, aunque notan las consecuencias de la llamada "crisis del euro". Es esta triple fragmentación la que ha marcado el ritmo negociador en los presupuestos europeos que deben someterse al beneplácito de la Eurocámara.

De momento, el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, advierte que "no voy a firmar un presupuesto de más déficit. No estoy preparado para hacer esto" y deja claro que los eurodiputados están dispuestos a aceptar recortes pero no a amputar el presupuesto europeo al nivel que discuten los jefes de Estado y de Gobierno. Es un aviso a navegantes que, llegado el momento de la votación, pondrá de manifiesto la mayor o menor dependencia de los eurodiputados respecto a los países que representan y a sus intereses domésticos, afectando a todas las economías, especialmente a las más débiles o a las que conviven en el contexto estatal de países obligados a ser austeros en sus presupuestos para reducir un déficit público excesivo y una peligrosa exposición a los efectos de un gran endeudamiento.

Y es en este capítulo europeo donde no se entiende muy bien ese "lo conseguimos" de Olli Rehn. Luego vienen las sorpresas. Porque los problemas son los mismos que hace meses y las medidas no garantizan una mejoría en la situación de los países pobres o deudores. La luz verde a los presupuestos europeos significa el triunfo de euroescépticos como Cameron o tacaños como Merkel, mientras los países atrapados en esa combinación fatal de déficit y deuda, sufren el retroceso económico y el desequilibrio de sus cuentas públicas, entre ellos España, mientras reclaman inútilmente a Bruselas medidas para aliviar su asfixia financiera, como lo demuestra el plan de la Comisión para reactivar la economía, que se tratará en la próxima primavera.

Este proyecto contempla la posibilidad de excluir del cómputo del déficit público aquellas inversiones destinadas a promover el crecimiento. Es decir, se podrán endeudar para invertir, un bien escaso en estos momentos. Pero el problema reside en que solo podrán acogerse los países que tengan sus cuentas saneadas (déficit público por debajo del 3%). Pues bien, con cifras actuales, solo Alemania, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Estonia, Bulgaria y Malta podrían beneficiarse. Apenas cuatro países de los 17 del euro y uno exclusivamente (Alemania) entre los grandes Estados.

En este sentido, tal y como reconocía esta pasada semana Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, "hay una apreciación de que en Euskadi se ha hecho una política industrial moderna, de apoyo al tejido productivo y las empresas mucho mejor estructurada que otras regiones europeas". No obstante, sus relaciones con la UE y, en consecuencia, con los planes de reactivación económica, están ligados a la realidad española como país miembro de la UE, lo que cercena la posibilidad de acceder al citado plan de reactivación.

La situación es, como se puede comprobar, lo suficientemente grave. Ni tan siquiera está claro para Almunia ese plan de financiación propuesto por Confebask y que podría contar con la aprobación del Gobierno Vasco, para crear un fondo de apoyo a las empresas por valor de 600 millones de euros a través de las aportaciones de EPSV. "Como comisario de la Competencia me corresponde el control de las ayudas públicas y, por tanto, lo tengo que ver muy en detalle", señaló.