La Paz. El Gobierno de Bolivia confió ayer en mantener esta semana un encuentro "cordial" con la eléctrica española Iberdrola, cuyas filiales bolivianas fueron nacionalizadas el sábado, una medida que fue respaldada por campesinos leales al mandatario y criticada por la oposición.

El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, señaló que el Ejecutivo espera la llegada a Bolivia, esta semana, de representantes de Iberdrola, compañía que el sábado manifestó que espera que Bolivia "pague el valor real" de las cuatro filiales expropiadas. "Me imagino que ellos (los representantes de Iberdrola) estarán la próxima semana acá; vamos a charlar con ellos siempre en un ambiente cordial para ver de qué manera podemos llegar a una transacción que sea favorable a ambas partes", sostuvo Sosa.

Agregó que el decreto de expropiación que presentó el sábado por sorpresa Morales establece un plazo de 180 días para que la estatal Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) contrate a una empresa independiente que tase las cuatro filiales nacionalizadas.

Las firmas expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad en las regiones de La Paz, Electropaz, y Oruro, Elfeo, además de la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones, cuyas oficinas fueron intervenidas por más de 700 militares y policías tras presentar Morales el decreto.

Morales sorprendió el sábado con esta medida, que se produjo siete meses después de la nacionalización de las acciones de Red Eléctrica de España (REE) en la Transportadora de Electricidad, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo para la compensación económica.

Sosa reiteró ayer que con la nueva expropiación se pretende equilibrar las tarifas eléctricas entre las áreas urbana y rural de La Paz y Oruro, pues mientras en las ciudades el coste promedio es de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatio/hora, en el campo sube hasta los 1,59 bolivianos (0,23 dólares).

Explicó que se destinará un 15% de las ganancias de Electropaz, que el año pasado superaron los 11 millones de dólares, para nivelar las tarifas, aplicando una suerte de subvención a los costes en el área rural para no tener que subir el precio del servicio en las urbes.

"Iberbolivia (la filial de Iberdrola) está prestando un servicio de distribución y tiene fin de lucro, lo que le interesa es ganar. Y en el caso del Estado nacional, no tenemos esos fines de lucro; lo que queremos es garantizar la continuidad del servicio tanto en calidad como en una tarifa que sea equitativa", añadió.

Las instalaciones de las empresas expropiadas en La Paz y Oruro amanecieron ayer en calma custodiadas por las fuerzas de seguridad del país y no ha habido incidentes respecto al suministro eléctrico.

La medida fue ayer respaldada por campesinos de La Paz leales al Gobierno, que pidieron que se haga efectiva la rebaja de los costes del suministro energético en esas áreas.

Empresarios bolivianos y expertos criticaron la nueva expropiación porque consideran que es una mala señal para los inversionistas extranjeros. El líder de la centrista Unidad Nacional, el empresario Samuel Doria Medina, escribió en su cuenta de la red social Twitter que "cada vez que el Estado Plurinacional nacionaliza, aleja más la inversión extranjera y ahora se entiende por qué no hay ley de inversiones".

Entretanto, otros opositores opinaron que la medida es una cortina de humo con la que el Gobierno pretende desviar la atención del escándalo de corrupción que afronta tras destaparse una red de funcionarios que extorsionaban a reos. La diputada oficialista Betty Tejada refutó ayer a los opositores al asegurar que están mezclando dos temas diferentes, pues la expropiación es "una política de Estado" y "el Gobierno y el MAS (partido de Evo Morales) no improvisan".