LA reforma del sector financiero del Estado español, con la desaparición de buena parte de las cajas de ahorros tradicionales y la concentración en unos pocos actores, va a generar, de hecho lo está haciendo ya, algunos efectos colaterales verdaderamente perniciosos para la economía española y que no parecen haber sido bien valorados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Tienen que ver con las nuevas obligaciones de core capital mínimo de los bancos, (la gran mayoría de las cajas de ahorros ya han traspasado sus activos a la figura jurídica bancaria), pues conseguir capital para alcanzar esos ratios puede obligar a las cajas, los primeros inversores institucionales del Estado español, a vender las joyas de la corona, no siempre, como son sus participaciones industriales.

Adicionalmente la fusión de cajas en una sola entidad -caso de BBK, Kutxa y Caja Vital-, ha hecho, por ejemplo, que Kutxabank acumule participaciones en unas empresas mayores de las deseadas y de las contablemente adecuadas. Así, Kutxabank ha materializado días pasados la venta de una parte del operador telefónico Euskaltel del que llegó a contar, tras la citada integración de las cajas, con el 68%. Ahora mantiene el 49,9% aunque con el apoyo de Iberdrola garantiza el control de la mayoría del capital. Y esto que permite mantener el centro de decisión en Euskadi no es una cuestión menor en la actual coyuntura de crisis económica como bien se ha visto con el comportamiento de multinacionales que han cerrado sus plantas en Euskadi, caso de Formica, pese a mantener otra en Valencia.

No hay que olvidar que el control de buena parte de las grandes empresas del Estado español está apuntalado por las cajas de ahorros que controlaban en el momento del estallido de la crisis un 5% de la capitalización total de la Bolsa española. Si se viesen obligadas, como ya están haciendo, a enajenar sus participaciones para hacer caja y afrontar el tremendo incremento de provisiones de créditos dudosos, la situación de la economía española a medio plazo sería aún peor que en la actualidad.

Compañías como Repsol, Iberia, Iberdrola, Telefónica, Indra, Deoleo, Abertis, Sacyr, Gas Natural, Agbar, Mapfre, Tubacex... -prácticamente buena parte del Ibex 35, así como empresas punteras del mercado continuo, si se excluyen a los bancos- tienen a cajas y otras entidades financieras en su accionariado. En Euskadi, sin ir más lejos, Kutxabank está en el accionariado de firmas tan relevantes como la citada Euskaltel, CAF, Iberdrola, Petronor o Ingeteam.

En países vecinos como Francia e Italia el soporte accionarial de buena parte de su tejido industrial es el Estado, en un sentido amplio de sociedades públicas o controladas por bancos en manos de cajas de ahorros. En Alemania, además de grandes familias tradicionales, los gobiernos regionales tienen un papel significativo en el control de las compañías de referencia.

En el caso del Estado español son las cajas quienes han sostenido el tejido industrial y su conversión en bancos va acompañada de la presión del Banco de España y de interesados medios extranjeros, básicamente anglosajones, para que abandonen la industria.

Ello, según analistas españoles, sería un verdadero suicidio y una de las mayores estupideces económicas realizada jamás en España, justo en el momento en el que las grandes corporaciones extranjeras miran con ojos codiciosos a las empresas españolas con potencial de crecimiento futuro.

Los hipotéticos compradores pueden presentar ofertas a la baja sabiendo el estado de necesidad del vendedor y el hecho de que buena parte de las entidades financieras, pese al posible respiro del banco malo, han puesto sus activos a la venta un tiempo lo que va a suponer unas menores plusvalías, según todos los analistas.

Otro efecto negativo parte del principio de que muchas de las compañías respaldadas por las cajas en su accionariado se convertirán en fácilmente opables y, dada la escasez de ahorro existente en el Estado español como bien refleja el elevadísimo nivel de la deuda exterior, es más que presumible que sus hipotéticos adquirientes sean extranjeros.

Lo que en sí mismo no es necesariamente negativo, sí lo es si tenemos en cuenta las experiencias precedentes de traslados de centros de decisión al exterior.

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