El 'liquidador' que quería ser como Richard Gere

La otrora primera agencia de viajes española pertenecía al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, hasta que poco antes de hundirse pasó a manos de Posibulitumm Business, compañía de Ángel de Cabo, quien ejercía como administrador. Testaferro. El pasado lunes, ambos, junto a otras siete personas fueron arrestados en el marco de la operación Crucero llevada a cabo entre Madrid y Valencia y relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y ocultación de bienes, según explicaron fuentes policiales.

Pero Posibulitumm Business no es la única compañía de este liquidador que conoce bien los juzgados. Back in Business, la firma que lideró la liquidación de Nueva Rumasa desde septiembre de 2011, también estaba en manos de Ángel de Cabo. Por ello, el nombre de De Cabo está relacionado en varias causas derivadas del caso Nueva Rumasa.

Por ejemplo, según se recordó el mismo lunes, el exfontanero se habría encargado de realizar "prácticas de extorsión, coacción y/o amenazas a administradores concursales, jueces de lo Mercantil u otras personas que pudieran hacer peligrar sus planes", según consta en un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en febrero pasado. Fue pocos meses antes de anunciar su adiós.

En julio de este año, De Cabo, a través de un portavoz, declaró que abandonaba el negocio de la adquisición y gestión de compañías quebradas. Pero para entonces su nombre ya era vox populi. Poco antes se hizo público que De Cabo, según las autoridades suizas, es titular de una cuenta en ese país en la que disponía de 4,9 millones de euros. Según el informe de la Fiscalía de Suiza remitido al Ministerio Fiscal español, ese dinero procedería de una empresa irlandesa propiedad del Grupo Marsans.

Viajes Marsans Cuando Posibulitumm Business oficializó la compra del grupo Marsans, en junio de 2010, Díaz Ferrán aseguró estar "muy satisfecho" y dijo esperar "que se reflote la compañía, por el bien de los trabajadores". De Cabo entraba de lleno en la compañía y lo hacía para liquidarla. Para especular. "Ha demostrado conocimiento, interés, profesionalidad y un gran despliegue de medios a la hora de estudiar en las últimas semanas la situación del grupo", aseguraba en un mensaje común con su socio, Gonzalo Pascual, el expresidente de la patronal española. Pero la empresa se hundió y los trabajadores se vieron en la calle, viendo caer, como un castillo de naipes, una de las empresas más importantes del sector turístico.

El negocio de este empresario consistía, según se ha conocido después, en tratar de vender y saquear las empresas, desde el mobiliario hasta las propias firmas, con el fin de repartir los beneficios con los exdueños de las empresas, siempre a espaldas de los acreedores.

De Cabo nombró como administrador de Marsans a uno de sus más fieles colaboradores, Iván Losada, quien también fue detenido el lunes. La policía cree que los detenidos ayudaron a Díaz Ferrán, a ocultar sus bienes con el objetivo de evitar que fueran embargados para pagar a los acreedores. Entre los detenidos figuran además de Iván Losada y De Cabo, el cuñado de este último, Teodoro Garrido, y su secretaria, Susana Mora.

Según informó la agencia Efe el lunes, citando fuentes judiciales, entre los arrestados también se encuentran dos supuestos testaferros utilizados en las operaciones de ocultación de bienes, como Rafael Toro y Antonio García Escribano, así como otras dos personas vinculadas a De Cabo, que son Carmelo José E.G. y José Enrique P.M.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que encabeza la investigación a raíz de la denuncia presentada por Meliá y Orizonia, a la que se sumó AC Hoteles y Pullmantur, cree que todos están incluidos en la trama. El objetivo era esconder las propiedades de los socios de Marsans para evitar que tuvieran que hacer frente a las deudas adquiridas. En el caso de Díaz Ferrán, el adeudo era de 419,4 millones de euros, cuando se declaró insolvente en noviembre de 2010.

El pasado mes de enero, las compañías denunciaron a Díaz Ferrán, a su entonces socio, Gonzalo Pascual -fallecido el pasado mes de junio- y a Ángel De Cabo por insolvencia punible, alzamiento de bienes y estafa, al no haber pagado las deudas de Marsans que avalaron personalmente y tener bienes supuestamente suficientes para ello, como se demostró tras los últimos hallazgos. La Policía encontró un kilo de oro y 150.000 euros en metálico en el registro practicado en la casa del expresidente de la CEOE.

Nueva Rumasa En el caso del conglomerado de empresas Nueva Rumasa, supuestamente, De Cabo usó las mismas tácticas. Para la familia Ruiz-Mateos, la llegada del 'liquidador', era también la "mejor opción para garantizar los puestos de trabajo". En realidad, algunos investigadores sostienen que fue Díaz Ferrán el que aconsejó al patriarca de la familia, José María, que a través de De Cabo conservaría su patrimonio frente a los acreedores: cientos de familias que confiaron en los pagarés del grupo.

De Cabo está ahora imputado en la causa que se sigue contra José María Ruiz Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible y falsedad documental en la causa abierta por la presunta estafa de 337,3 millones de euros a 4.110 inversores en pagarés de Nueva Rumasa. También lo está su mano derecha, Iván Losada.

Con el mismo esquema utilizado en el grupo Marsans, De Cabo trató de sacar jugo al grupo de la abeja. Según el testimonio de uno de los antiguos empleados de Nueva Rumasa a la Fiscalía Anticorrupción, Ángel De Cabo, José María Ruiz-Mateos y sus seis hijos varones pactaron que el primero se quedaría con el 20% de las cantidades que pudiera obtener de las empresas del grupo, y la familia con el 80% restante.

Díaz Ferrán y Ruiz-Mateos.

De Cabo está acusado de ayudar a Díaz Ferrán a ocultar su capital

tras haberse declarado insolvente en 2010

Su negocio consistía

en saquear todos los bienes de las empresas en quiebra a espaldas de los acreedores