MADRID/GASTEIZ. Fuentes del tribunal han señalado hoy que el orden del día del pleno, que se celebra cada quince días, estaba fijado antes de la entrada en el registro del conflicto de competencias, pero han apuntado que esto podría variar si el Constitucional incluyera el asunto en una llamada "adición" a ese orden del día.
La "adición" al orden del día podría tomarse el lunes o el martes y no prejuzga el sentido de la decisión que luego deberá tomar el pleno sobre la admisión a trámite y sobre la eventual suspensión cautelar de la medida del Gobierno vasco recurrida por el Ejecutivo popular.
Alrededor de 67.000 funcionarios vascos están pendientes de lo que sucede con su paga extra después de que el Gobierno español haya acordado presentar este conflicto de competencias por la decisión del Ejecutivo de López que abonar esa paga, lo que va en contra del decreto de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria aprobado por Madrid.
El Gobierno vasco en funciones se ha apoyado en un informe jurídico que avala la legalidad de su decisión. De hecho, fuentes de este Ejecutivo han informado hoy que se está "trabajando en los plazos establecidos" para hacer efectivo el abono de la paga, que suele estar ingresada en las nóminas de los funcionarios en los días 20 o 21 de diciembre.
Ahora se está a la espera de que el Tribunal Constitucional incluya este conflicto de competencias en el orden del día del pleno de la próxima semana y de si acuerda admitirlo a trámite y suspende cautelarmente el pago de la extra hasta que resuelve el fondo del asunto.
Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, aseguró que si el Gobierno vasco en funciones ejecuta la orden de pago de la extra de Navidad, no cabe la posibilidad de que el Constitucional deje en suspenso la medida.
Desde el Gobierno vasco las fuentes consultadas han insistido en que la orden se dará "en tiempo y forma, como habitualmente se hace en la Administración Pública Vasca por estas fechas" y que se está respetando el proceso habitual, sin que se esté acelerando ni retrasando la tramitación por el recurso del Gobierno español.
Habitualmente, el "protocolo de libramiento" de la paga extra se suele llevar a cabo diez días antes de que los funcionaros reciban en sus cuentas el ingreso de la misma, según han explicado.
