el Gobierno de Rajoy ha remitido a Bruselas la propuesta para afrontar una nueva reforma en el sector de las cajas de ahorro, cumpliendo así los plazos establecidos en el Memorándum de Entendimiento (MoU, por sus siglas en ingles Memorandum of Understanding) elaborado para fijar las condiciones del rescate a la banca española. Ahora bien, el Ministerio de Economía no ha facilitado detalle alguno de su propuesta, salvo algunas pinceladas ambiguas y sin color definido, como es el caso de la figura de "fundación bancaria" a la que deberán acogerse "las cajas de ejercicio indirecto (aquellas que han traspasado su actividad financiera a un banco)…, en el caso de que mantengan participaciones significativas en una entidad de crédito".

Dicho en otras palabras, la propuesta afectará a Kutxabank, La Caixa, Unicaja e Ibercaja, pese a que todas ellas superaron con éxito el examen de Oliver Wayman (conocido el pasado 30 de septiembre). Claro que, por otra parte, la falta de detalles de la propuesta, junto a la trayectoria errática que ha mostrado el gobierno español en este año 2012, abre todo un abanico de posibilidades en el que se puede ser pesimista u optimista. En este último escalón se encuentra Mario Fernández, quien horas antes de conocerse la existencia de la propuesta española manifestaba que la situación de Kutxabank no cambiará de forma "relevante".

Una afirmación esperanzadora y avalada por el hecho de que mantiene una "vía de conversaciones" con el ejecutivo español para conocer su opinión sobre el proyecto, razón por la cual cobra mayor credibilidad cuando Mario Fernández señala que "el reino de España va a poder cumplir el MoU pero de modo que no se produzca una modificación relevante respecto a la situación de Kutxabank". Ahora bien, ¿es suficiente esta afirmación? No se trata de crear fantasmas en torno al futuro de Kutxabank, sino de recordar que para establecer "medidas concretas para reforzar la estabilidad financiera en España", según reza el documento del MoU, se desarrolla un poliédrico proceso con estrictas condiciones, en el que intervienen la troika (BCE, FMI y la UE) y el Gobierno español.

Es a partir de este punto programático donde flaquea esa visión optimista que pretende proyectar Mario Fernández porque uno de los párrafos del punto 23 del citado documento del MoU señala que "las autoridades españolas prepararán para finales de noviembre de 2012 normas que aclaren la función de las cajas de ahorro en su calidad de accionistas de entidades de crédito, para, en último término, reducir su participación en las mismas hasta un nivel no mayoritario. Es más, las autoridades propondrán medidas para reforzar las normas de idoneidad de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros y para adoptar requisitos de incompatibilidad para los órganos de gobierno de las antiguas cajas de ahorros y los bancos comerciales bajo su control".

Para añadir más incertidumbre, hay que señalar la ambigüedad del comunicado del Ministerio de Economía en el que se hacía saber el envío de la propuesta a Bruselas y la paradoja que se viene repitiendo este año entre lo que promete el Gobierno de Rajoy y lo que hace. Sin ir muy lejos, Rajoy incumple la última de sus promesas (mantener el poder adquisitivo de las pensiones) porque desde Bruselas y Berlín han insistido al Ministerio de Economía para poner fin al principio de revalorización automática de las pensiones con arreglo a la inflación al considerarlo absurdo en una economía en recesión.

Junten todo ello (condiciones del Mou, opacidad informativa y contradicción operativa) y tendrán un cóctel que puede resultar explosivo o todo lo contrario, pero que, en cualquier caso, deja en manos del Banco de España el control de unas entidades financieras sanas, como es el caso de Kutxabank. Más aún, no faltan quienes estiman que la nueva figura de "fundación bancaria" es un invento del titular de Economía con la finalidad de evitar que La Caixa caiga en manos de la Generalitat de Catalunya. Es decir, una operación política travestida de figura financiera.

Así pues, parece que está en juego el control de entidades financieras que han demostrado buena gestión y mayor solvencia. De momento no se especifica en qué consiste la "fundación bancaria", pero el comunicado de Economía señala que, en el futuro, "se determinará el nivel de participación que tanto las cajas como las fundaciones bancarias pueden ostentar en bancos comerciales", mientras que fuentes de Bruselas ratifican que, en último término, no podrán tener una participación mayoritaria en las entidades.

Claro que, tampoco debemos olvidar el optimismo de Mario Fernández y el hecho de que, según parece, el informe remitido por Economía a Bruselas ha sido elaborado en colaboración con el sector de entidades financieras afectadas. Así mismo, serán ambas partes las encargadas de desarrollar los principios establecidos en la citada propuesta. En cualquier caso, la nueva ley que regulará las fundaciones bancarias debe pasar por el Congreso y no se aprobará hasta la próxima primavera.

De cualquier forma, el MoU prevé que las cuatro cajas sanas pierdan de forma "eventual" el control de sus bancos (CaixaBank, Kutxabank, Ibercaja Banco y Unicaja Banco). Un aspecto conflictivo para el sector que no quiere "malvender" parte de sus bancos para perder la mayoría como establece Bruselas, explican fuentes del sector. La CECA, piden que esta reducción "debería articularse por medio de incentivos que aseguren una desinversión gradual y prudente. Y que en todo caso, debería evitarse un modelo de venta forzosa, con plazos prefijados, que, en condiciones actuales, abocaría a pérdidas patrimoniales".

Habrá que hilar muy fino porque, pese a su transformación en fundaciones, las cajas quieren "preservar la obra social y su modelo de negocio bancario minorista, centrado en las necesidades financieras de familias y pymes". El problema central no reside en los objetivos sociales de las cajas, sino en la credibilidad que nos merecen las promesas del Gobierno de Rajoy.