La inyección de capital que recibirán los cuatro bancos nacionalizados -BFA-Bankia, Novagalicia Banco, Catalunya Banc y Banco de Valencia- será muy costosa. Tanto, que a cambio de los 37.000 millones de euros en ayudas públicas procedentes del fondo de rescate europeo, las entidades tendrán que aplicar durante los próximos cinco años un agresivo plan de reestructuración que les obligará a reducir su balance financiero en más de un 60%, recortar a la mitad el número de sucursales, despedir a miles de trabajadores, limitar su actividad solo a las regiones donde históricamente han operado y salir del negocio inmobiliario. En el caso de Bankia, reducirá la plantilla en 6.000 personas y cerrará unas 1.100 oficinas.

Solo de esta manera, advirtió ayer el comisario de la competencia, Joaquín Almunia, volverán las entidades nacionalizadas a ser viables y evitarán "el regreso de prácticas insostenibles del pasado". "Aquí los responsables son quienes gestionaron mal estas entidades. No vamos a poner nombres y apellidos pero si los ponemos en común nos saldría una lista relativamente larga", advirtió Almunia en la presentación de los planes de reestructuración aprobados ayer por el colegio de comisarios.

De hecho, uno de los motivos por el que las entidades nacionalizadas estarán vetadas en el negocio del ladrillo es porque "la historia ha demostrado que son incapaces de gestionar actividades de riesgo", como el sector inmobiliario o la gran banca. Aunque el pasado lunes el ministro de Economía, Luis De Guindos, responsabilizaba directamente al comisario sobre el número de despidos, Almunia evitó ayer dar cifras y aseguró que se trata de una respuesta que tiene que dar el Gobierno y los bancos afectados. Sí admitió en cambio la posibilidad de que no se aplique a los futuros despidos la nueva reforma laboral puesta en marcha por el PP, que impone indemnizaciones de 20 días por año trabajado. "Depende de quienes gestionen los planes de reestructuración", dijo el comisario.

El objetivo es que las entidades vuelvan a ser viables sin necesidad de nuevas inyecciones de dinero público a partir del 31 de diciembre de 2017. Hasta entonces, BFA-Bankia, Novagalicia y Catalunya Banc tendrán que someterse a una dura cura de adelgazamiento que también les obligará a volver a sus orígenes centrándose en la banca minorista, limitando su presencia en la banca al por mayor y olvidándose de los créditos a promociones inmobiliarias. Además, tendrán que vender o liquidar filiales y participaciones industriales, hasta reducir el tamaño de su balance más de un 60% de media respecto a 2010, limitar las remuneraciones a consejeros y ejecutivos, no utilizar la ayuda en prácticas comerciales agresivas ni realizar nuevas adquisiciones durante el periodo del plan. La relación entre créditos y depósitos deberá ser del 100%, mientras que los accionistas, acreedores subordinados y clientes de preferentes tendrán que asumir pérdidas importantes que junto con las medidas de reestructuración reducirán la ayuda estatal en torno a 10.000 millones de euros.

Lo primero que tendrán que hacer es determinar el valor actual de las preferentes para aplicar posteriormente una quita y canjearlas por acciones o títulos equivalentes.

En el caso de Novagalicia y Catalunya Banc tendrán que ser vendidas y si no serán liquidadas, mientras que el Banco de Valencia, que no es viable como entidad autónoma según Bruselas, será integrado en Caixa Bank. Esto significa que dentro de cincos años solo sobrevivirá como banco independiente Bankia y lo tendrá que hacer como una entidad mucho más pequeña y limitada al radio de acción de sus cajas de origen. Será además quien más dinero recibirá para su saneamiento. De los 36.965 millones de euros previstos, percibirá 17.960 millones. Otros 9.080 millones irán a Catalunya Banc, 5.425 a Novagalicia y 4.500 millones al Banco de Valencia.

Las ayudas permitirán a Bankia volver a las ganancias el año que viene, de forma que para 2015 prevé obtener 1.200 millones de euros de beneficio. Eso sí, el plan de adelgazamiento le obliga a prescindir del 28% de su plantilla en el Estado y cerrar 1.117 sucursales, casi el 40% de las mismas. En Euskadi la entidad que dirige José Ignacio Goirigolzarri cuenta con 44 oficinas y 187 trabajadores, según CCOO de Euskadi, si bien el número de afectados por los despidos se desconoce.