vitoria. Hace apenas cinco días, el portavoz del PNV en las Juntas Generales, Ramiro González, hacía un llamamiento al PP para que reconsiderara su apoyo a la reducción de la exención del Impuesto de Actividades Económicas del tope de dos millones de euros de facturación a 1,1 millones, una propuesta cocinada entre Bildu y los propios populares y que recibió el apoyo unánime de todos los partidos en comisión el pasado día 8, aunque el PNV lo hiciera a regañadientes. Ayer, de forma sorprendente, el PP hizo caso a los jeltzales y votó contra la medida que ellos mismos habían propuesto, calmando así el revuelo que se había formado en el seno de la patronal alavesa, cuya inmediata y vehemente reacción al anuncio del fin de la exención para un buen número de empresas del territorio parece no haber caído en saco roto.
En comisión se había alcanzado un acuerdo unánime entre los grupos -el PNV afirmó haber votado a favor de la medida pactada porque "mejoraba la propuesta de Bildu"-, pero en el Pleno de ayer era cuando tocaba tomar una decisión vinculante. Por tanto, la marcha atrás del PP dejó un amargo sabor de boca en todos los partidos salvo, lógicamente, entre los jeltzales, que desde un principio defendían que el recorte a la exención iba a suponer la puntilla para la pequeña y la mediana empresa alavesa.
En Bildu no piensan igual. Su portavoz, Gorka Ortiz de Guinea, no daba crédito a lo que estaba sucediendo. "Hace diez días tomamos la decisión por unanimidad. Hoy, tras más de una llamada telefónica, algunos se han echado atrás, así que la próxima vez que nos juntemos iremos directamente a hablar con el SEA o con José Luis Bilbao -diputado general de Bizkaia y firmemente opuesto a reducir la exención-", dijo Ortiz de Guinea. El juntero abertzale acusó a PP y PNV de ser "monaguillos de la patronal", y negó que el límite a la exención suponga la asfixia de las pymes. "Eran noventa euros al mes para empresas que facturan cinco millones al año", aclaró.
lobby empresarial El hecho de que el PP finalmente reculara sorprendió a la coalición abertzale, pero no tanto a Nerea Gálvez, procuradora de Ezker Batua y activa usuaria de las redes sociales, que en su intervención afirmó que el cambio en el sentido del voto popular ya venía anunciándose en Twitter hacía tiempo, y que acusó a PNV y PP de "responder a las exigencias de la patronal".
Desde el PSE, Josu López Ubierna acusaba al PP de "plegarse a los intereses del PNV", y enmarcó el frenazo del PP a su propia propuesta en "las necesidades del Parlamento y las decisiones del señor de Bizkaia -en referencia a José Luis Bilbao-". Para el PSE, la decisión adoptada ayer por las Juntas Generales responde a los intereses de "un lobby empresarial".
Ramiro González, por su parte, insistió en que aunque votó a favor del fin de la exención para las empresas que facturan a partir de 1,1 millones de euros anuales, es "una medida equivocada". González recordó que la posición adoptada hace diez días no era vinculante, y la de ayer sí, y atacó duramente al resto de formaciones. "A ustedes les importa un carajo la pequeña y mediana empresa", repitió en varias ocasiones.
Restaba por escuchar la explicación del voto más esperado. El PP tenía que salir a la tribuna y defender que donde hace diez días decía 1,1 millones, ahora dice 2 millones. El procurador Santiago Abascal fue el encargado de lidiar con tan incómoda cuestión. "El acuerdo del otro día fue democrático, y cambiar el voto hoy también lo es. ¿Por qué? Porque es peor el remedio que la enfermedad", afirmó Abascal, quien afirmó que el PP ha recibido llamadas de multitud de empresas e incluso de ayuntamientos preocupados por el posible -ahora ya no- recorte de esta exención fiscal. En todo caso, Abascal negó que su partido se haya plegado a las exigencias del PNV o de la patronal. "Yo represento al grupo juntero del PP y al Gobierno foral, y a nadie más", aseveró.
Lo cierto es hasta ayer mismo parecía que el pacto entre PP y Bildu y avalado por los demás grupos parecía inamovible, pese a la desazón que había causado entre la patronal alavesa. El propio diputado general, Javier de Andrés, respondía hace hoy una semana a los empresarios que gozan de "la mejor fiscalidad de España", y que medidas como la adoptada en comisión no iban a cambiar esa situación. A la vista de los hechos ocurridos ayer, la palabra del actual diputado general queda nuevamente en entredicho.
Satisfacción en SEA Todo lo contrario que la patronal alavesa SEA, que ayer expresó su satisfacción nada más conocer la noticia. Lo hizo a través de una escueta nota en la que celebró la no aprobación de dicha norma. "De haber salido adelante, habría supuesto una clara amenaza para la estabilidad empresarial y el empleo (7.000 puestos de trabajo en Álava)", advirtió la patronal. En consecuencia, reconoció SEA a la cámara foral "la sensibilidad, capacidad de escucha y observancia de la realidad de los principales afectados, obrando en beneficio del interés general de los administrados".
