Los Presupuestos Generales para un ejercicio resumen la política fiscal de un Gobierno y sus componentes: el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica. Pero también son retrato de las previsiones socio-económicas del partido que gobierna y espejo en el que la sociedad percibe las condiciones de vida que le esperan en los próximos meses. En situaciones normales (es decir, en ausencia de crisis económica) los vaticinios hablan de crecimiento y la preocupación social sobre el mayor o menor acierto de los pronósticos apenas es relevante a la hora de valorar la eficacia del gobierno de turno.

Sin embargo, la perspectiva cambia radicalmente cuando los presupuestos se realizan sobre un escenario en clara recesión y depresión. Es aquí donde un error de cálculo económico o una voluntad política partidista de los gobernantes pueden desembocar en graves consecuencias para la sociedad gobernada porque no hay gasto sin ingreso y éste es proporcional a la evolución económica. Pues bien, las enormes diferencias entre las previsiones del Gobierno español y otros organismos (Comisión Europea y FMI) despiertan un lógico temor porque estos últimos triplican (1,4%) el decrecimiento de la economía española en 2013 (0,5%) que pronostican Rajoy y cía.

¿Quién lleva razón? Puede ser el primero o el segundo o, quizás, ninguno de los dos porque la economía, pese a querer ser revestida de un manto científico, no consigue descifrar los síntomas encriptados de la evolución económica. En todo caso, viene a ser como una ciencia forense que explica las razones por las que se ha hundido esta empresa o aquel banco. El resto pertenece a la categoría de ciencia ficción cuyo uso debiera estar prohibido. Por citar un ejemplo, les remito a las previsiones que el Gobierno de Zapatero e instituciones internacionales hicieron sobre la economía española para 2009 y verán cómo de un posible crecimiento del PIB en torno a un punto porcentual se pasó a un desplome del 3,7%.

En cualquier caso, conviene recordar que los ejes más importantes de las previsiones de la Comisión Europea que se sustancian en una mayor destrucción del empleo hasta superar los seis millones de parados. Este dato nos devuelve a la dramática realidad de miles de familias que carecen de recursos económicos para hacer frente a los créditos hipotecarios a los que se unirán, cuando finalicen los procesos de desahucios en curso, buena parte de los cientos de miles de personas que han perdido su trabajo en los últimos meses y que no pueden hacer frente a las hipotecas. Bien es cierto que los trágicos acontecimientos de los últimos días van a provocar una moratoria en la ejecución de los desahucios, pero este parón no resolverá el problema de la deuda contraída a la que, aunque quieran no podrán hacer frente.

Verán, estos cientos de miles de familias que viven bajo la espada de Damocles del desahucio saben que la solución a sus problemas no queda en una moratoria de su deuda, sino en volver al mercado de trabajo, recuperar un empleo y ganar un salario con el que alimentar a su familia y hacer frente a sus deudas. Porque ellos quieren pagarlas. Son lo que los jueces denominan "deudores de buena fe" que hoy necesitan algo más que buenas palabras y mejores promesas.

Por tanto, resulta imprescindible que los gobiernos actúen con responsabilidad a la hora de elaborar sus presupuestos y no se dejen llevar por esa voluntad partidista que les empuja a declarar cosas como las palabras de Fátima Báñez (ministra de Trabajo) quien afirmó que "estamos saliendo de la crisis", mientras el paro sigue aumentando y las cuentas públicas no contemplan inversiones que pueden crear empleo, como terapia de choque inmediata, e incentivar la formación profesional, la investigación y la tecnología, como base para que las próximas generaciones puedan ser competitivas en los mercados internacionales.

Todo ello nos lleva a que el próximo Gobierno Vasco debe elaborar en las primeras semanas de su mandato los Presupuestos para 2013 y aprobarlos en sede parlamentaria. Un gran reto por su propia importancia y por la excepcional urgencia que requieren tales trámites. Más aún, no se trata de unos presupuestos que deban contentar a unos u otros para que puedan ser aprobados, sino que deben ser unas cuentas realistas, teniendo presente que formamos parte de una globalizada economía de libre mercado, nos guste o no este sistema, y dejando a un lado cuestiones que, aún cuando son legítimas y deseables, no afectan al escenario económico actual.

Ahora bien, los presupuestos no pueden limitarse a cumplir con el déficit público establecido por la vía de la austeridad y la reducción del gasto público. Deben proteger a los más desfavorecidos, entre los que se encuentran esos deudores de buena fe que pueden perder su vivienda, pero también han de ser el estímulo necesario para que los empresarios y la iniciativa privada pueda crear empleo para que puedan salir de la exclusión social en la que viven porque la moratoria de los desahucios no les sacará de la pobreza a la que les ha llevado una crisis originada por otros.

Sería positivo que los políticos hicieran buenas las palabras que están diciendo estos días al objeto de consensuar un plan de choque factible que devolviera a la sociedad la esperanza de encontrar un trabajo digno, sin olvidar que los empresarios, al menos una mayoría, no son los malos de esta película, sino quienes pueden emprender nuevos proyectos. Los presupuestos deben responder a las prioridades de la sociedad y no a los objetivos electoralistas de los partidos.