VITORIA. El diputado general de Alava, Javier de Andrés (PP), consideró ayer "un gran error" la instauración en Gipuzkoa por parte de Bildu, y en colaboración con el PSE-EE, del Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (IRGF) porque "perjudica muchísimo al tejido industrial". El nuevo impuesto mantendrá el límite exento de 700.000 euros y la exención de 300.000 euros de la vivienda habitual, incluirá los bienes y derechos vinculados a actividades económicas, exentos en el Impuesto sobre Patrimonio, y hará desaparecer el escudo fiscal, es decir, la estrategia para reducir los impuestos mediante desgravaciones fiscales. Lo "conveniennte", según De Andrés, hubiera sido abordar esta modificación en el Organo de Coordinación Tributaria (OCT), ya que "las subidas o bajadas de impuestos en un territorio afectan a las otras diputaciones y al Gobierno Vasco, y se trata de tener una coordinación fiscal". A su juicio, llevar a cabo este tipo de cambios fiscales perjudican a la generación de empleo, por lo que ni la Diputación ni el PP lo van a proponer ni respaldar "de ninguna manera". El discurso posterior al consejo de Gobierno semanal no se quedó ahí. De Andrés advirtió en esta misma línea de que el IRGF "se podría considerar un impuesto confiscatorio, lo que significa que es ilegal". "A la gente se le puede exigir que contribuya con sus ingresos, pero no se puede quitarle una parte de la casa", explicó.

Impuesto de Patrimonio Durante su exposición, el dirigente popular sugirió una prórroga del Impuesto de Patrimonio en Álava -"no hay previsión de suspensión", dijo- dado la escasa influencia que tiene sobre los ingresos e insistió en que su apuesta en materia tributaria pasa por aliviar la carga fiscal a las empresas que destinan sus ingresos a la generación de empleo o al mantenimiento del mismo.

Respecto a la resaca del pasado y polémico Consejo de Finanzas, el PP anunció ayer la creación de un fondo para reservar el 70% del dinero ingresado a través de las vacaciones fiscales, que las diputaciones vascas deberán entregar al Ejecutivo vasco. En total, 209 millones de euros. De Andrés amparó esta medida en dos razones: que se de la circunstancia de que hubiera que devolver el dinero a las empresas, y que las administraciones vascas, "que están bajo la presión de una posible sanción internacional de la UE", deban contar con recursos económicos para afrontarla.