MADRID. En un auto hecho público hoy, la Sala de lo Penal del TS acuerda el archivo de estas actuaciones porque en la denuncia, en la que se acusa a estos altos cargos de prevaricación, no se aporta "hecho concreto" ni "elemento de prueba" que justifique esa acusación.
En la denuncia también figuraban los ministros de Economía desde la época de Aznar hasta el presente -Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado y Luis de Guindos-, el gobernador saliente del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y su antecesor al frente del organismo supervisor, Jaime Caruana.
En su resolución, el TS explica que solo sería competente para investigar al presidente del Gobierno y al ministro de Economía por ser aforados y carecería de competencia con "respecto a los otros denunciados", aunque finalmente acuerda inadmitir a trámite la denuncia "por no revestir caracteres de delito los hechos objeto de la denuncia".
Según el Supremo, los denunciantes, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y el de CIG, Xesus Seixo, además de no acreditar "la representación que dicen ostentar" se limitan "a narrar la actual crisis económica que padece nuestro país, con destrucción de empleo, altas cotas de paro, así como medidas acordadas: ampliación de la edad de jubilación, ajustes presupuestarios o reducciones salariales a los funcionarios".
Los representantes sindicales atribuyen esta situación a la "anómala evolución del mercado inmobiliario" y a la "deficiente gestión" de las entidades bancarias y tras preguntarse "a quiénes podrían exigir responsabilidades" comienzan a narrar las funciones del Banco de España y las fusiones bancarias con intervenciones del FROB.
Así, añade el auto, señala como responsable de todo ello al Ministerio de Economía y Hacienda "por haber otorgado autorizaciones de actividad a entidades que operan en el Estado".
Sin embargo, según observa la Sala, no se aporta "prueba que avale la verosimilitud de la realidad de los hechos" denunciados.
