Vitoria. "La gente está acojonada, la situación es muy mala y a la mínima que la empresa te hace una contraoferta, lo normal es que nos pleguemos a sus intereses. Prefiero buscar trabajo teniendo un empleo que desde el paro". El testimonio de este vitoriano, trabajador de una reconocida compañía industrial en Álava y que prefiere mantener el anonimato para evitar "problemas" con sus compañeros, da una idea del tenso y complejo escenario laboral en el que se mueven desde hace ya muchos meses empresarios y trabajadores. Una situación marcada por la gravedad de la crisis que está disparando el número de ERE en la provincia -hasta el pasado mes de agosto se habían contabilizado 294 expedientes que afectaban a 5.469 trabajadores- y elevando la tensión social en cada uno de sus sectores.

En consecuencia, la conflictividad es un hecho y la convocatoria de huelgas generales como medida de presión contra las decisiones empresariales y políticas están a la orden del día. Uno de los últimos ejemplos es el que protagonizará la plantilla de la multinacional Guardian en su factoría de Llodio, líder mundial en la fabricación de vidrio para los sectores del automóvil, el medio ambiente y la arquitectura. Cerca de 400 trabajadores (la plantilla de producción la conforman unos 600 operarios) decidieron en asamblea el pasado jueves que pararán la fábrica durante tres días (26, 27 y 28 de septiembre) como "aviso" contra las medidas que pretende imponer la dirección en el nuevo convenio laboral. Si no depone la compañía su actitud con una oferta más "justa", la huelga indefinida está garantizada. Comenzará entonces otro espinoso pulso empresarial cuyo desenlace estará supeditado a la capacidad de aguante de cada una de las partes. Y a juzgar por lo visto en los últimos meses en Álava con empresas que decidieron llevar a cabo medidas de presión similares -el ejemplo más cercano es el de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui)-, la cuerda podría volver a terminar rompiéndose por el lado más débil, el de los trabajadores. Para su mala suerte, la última reforma laboral impulsada por el PP juega a favor del empresariado.

prestigio sindical perdido En este delicado contexto y con unos antecedentes nada propicios sobre la mesa tal vez cabría preguntarse si las convocatorias de huelga indefinida tendrían hoy sentido y mantendrían el mismo peso que antaño o, por el contrario, están comenzando a desinflarse, a perder impacto social, como defienden desde las esferas política y empresarial. Como era de esperar, según el prisma desde el que se mire, las reacciones ante ambas cuestiones son dispares. Extraordinariamente enfrentadas. Este periódico lo ha comprobado al recabar la opinión de diferentes agentes sociales, económicos y empresariales en Álava. El resultado es un compendio de blancos, negros y hasta algún pequeño gris, ínfimo pero suficiente como para aventurar que una modulación de ambas posturas, a día de hoy, parece una cuestión improbable.

Mientras tanto el contador de la crisis continúa imparable. La recesión no amaina, se dispara el desempleo -la OCDE alertaba esta semana de que España transita irremediablemente hacia los seis millones de parados-, las condiciones laborales se deprecian y aumenta el número de empresas que echan la persiana sin excepción. ¿Continúan teniendo sentido las huelgas generales en este escenario? El catedrático de Economía de la UPV Ignacio Zubiri sostiene abiertamente que "no". Y matiza. Un día de huelga general como los que se vienen sucediendo en Euskadi desde hace meses o como el que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre, convocado por las centrales nacionalistas, podría tener cierto "sentido de compromiso social" y hasta sería "soportable" desde un punto de vista económico para cualquier trabajador, pero sostener meses de tensión, dificultades y sobre todo falta de ingresos... "eso ya es otro cantar que no lo aguanta nadie".

A su juicio, más que las consecuencias de la última reforma laboral, cuyas nuevas condiciones facilitan el despido, los dos aspectos que inciden en la decadencia de las huelgas indefinidas son la grave situación económica, "que está obligando a los trabajadores a renunciar a este derecho porque no tienen más remedio que tragar", y el prestigio de algunas centrales sindicales, "prestigio que no está en su punto más álgido, precisamente", añade el catedrático. Estas dos cuestiones, unidas al "pánico" de cualquier trabajador a perder en estos momentos su puesto de trabajo, justificarían la decadencia de este tipo de convocatorias.

El temor del que habla Zubiri no es ni mucho menos baladí. Los datos macroeconómico fundamentan el miedo a quedarse sin empleo porque la mayor parte del tejido empresarial alavés se encuentra en estos momentos ajustando su capacidad productiva, que desde luego, y según el último barómetro industrial de SEA, dista una eternidad de los datos cosechados en tiempo de bonanza. Según el informe de la patronal, las empresas estarían trabajando actualmente a un 65%-70% de su producción, lo que en la práctica se traduce en un exceso de mano de obra. Este "exceso de equipaje" se vería agravado además por la atonía de un mercado nacional muerto y una cartera de pedidos muy resentida. "¿Que pagan justos por pecadores? Sí, sin duda, pero mejor eso que cerrar las empresas, no?", responde a este diario un empresario local. Convencidos de que las próximas convocatorias de huelga volverán a fracasar, desde la patronal alavesa se recuerda los cuatro años de "travesía en el desierto" en el que las empresas han acometido "enormes" ajustes pese a lo cual han seguido apostando por el empleo y la inversión. "Ese descenso no se ha trasladado en igual proporción a los trabajadores, demostrando un compromiso y responsabilidad de los empresarios que nadie puede poner en duda", sostiene Juan Ugarte, secretario general de SEA.

"Más presión social" En este contexto, insiste este mismo portavoz, resulta poco menos que inexplicable la actitud de los representantes sindicales ante la grave situación económica, "negando el acuerdo permanente y condenado a empresas y trabajadores a agravar la delicadísima situación de muchas empresas". De ahí su órdago: "O son conscientes (los sindicatos) de que el marco legal ha cambiado, de la necesidad urgente de adaptarse a la coyuntura y asumir que consecuciones pasadas son insostenibles a futuro, o nos arrastrarán a escenarios de mayor conflictividad y cero resultados. Las movilizaciones, huelgas, amenazas y otras artimañas se han demostrado inútiles. El único camino es el entendimiento y que todos vistamos a una la camiseta de nuestras respectivas empresas". El llamamiento de la patronal rebota como el eco cuando atraviesa el marco de la puerta de sindicatos como ELA y LAB, especialmente beligerantes con las políticas económicas de los Gobiernos español y vasco. Begoña Vázquez, responsable de ELA en Álava, defiende con rotundidad que la presión a través de una huelga indefinida no sólo continúa siendo necesaria sino que dentro de las dificultades también está dando sus frutos. La portavoz sindical advierte que todo depende del punto de partida que lleva a la confrontación. Si existe voluntad de cierre por parte de la empresa sólo existe esta salida "porque no tienes nada que perder". Pero si lo que le interesa al capital es "tensar la cuerda" y "jugar a destruir derechos y abaratar costes", ahí la presión de un paro indefinido se lleva hasta las últimas consecuencias. Unas veces con suerte -y ahí están los casos recientes de Beretta y Laminaciones Arregui, apunta Vázquez- y otras, la gran mayoría, con resultados nefastos. En la memoria reciente se encuentran casos como los de Saunier Duval, Esmaltaciones San Ignacio, Daewoo, Pemco Esmaltes o Alumafel, que fueron liquidadas a pesar de las presiones sociales y políticas. Pero así y todo, se tiene la sensación en ELA de que la presión que se está llevando a cabo en las empresas que han ofertado medidas de choque continúa al alza, "a pesar de que para nosotros éste es el último recurso", matiza Vázquez.

De forma casi inevitable se cuela en la conversación telefónica el caso de Laminaciones, que lleva cinco meses en huelga indefinida en protesta contra el ERE de extinción presentado por la dirección y que, de momento, se ha saldado con 178 despedidos y un clima laboral insoportable. "Los trabajadores están siendo sometidos a un chantaje brutal, uno a uno, para reincorporarse a sus puestos si no quieren perder su trabajo", denuncia Vázquez, que alude a la caja de resistencia de ELA -instrumento de apoyo al conflicto laboral financiado con el 25% de la cuota de afiliación- como herramienta que está permitiendo a los afiliados no ceder a las presiones de las empresas.

"Aportan poco valor" Mucho más beligerante incluso es la línea de actuación fijada por LAB, que exige "más movilización, más presión social y más gente en la calle" para detener con contundencia una gestión de la crisis "profundamente antidemocrática", sostuvo recientemente su secretaria general, Ainhoa Etxaide, en una entrevista en ETB. Ayer mismo, varios delegados se encadenaron en Vitoria a la puerta de la sede de Osakidetza como protesta por los recortes y como calentamiento de la jornada de paro del día 26. También en Bilbao y Donosti se registraron movilizaciones. Ante la falta de voluntad por parte de las instituciones para aplicar realmente lo que la sociedad necesita y el "preocupante" papel que vienen jugando en las últimas semanas CCOO y UGT, "con un modelo sindical diferente al nuestro", la portavoz insistió en la necesidad de "salir a la calle" para poder condicionar la agenda política. "Es determinante que el día 26 nos hagamos escuchar", concluyó.

Por su parte, la visión de Dámaso Casado, secretario general de UGT-Euskadi, sobre esta huelga y las que podrían llegar no es tan radical. A pesar de defenderlas "cuando no queda otro remedio", reconoce que en la actualidad "aportan poco valor". ¿Por qué? Fundamentalmente por el palo económico que supone para cualquier trabajador a través del descuento del salario por cada día de huelga -unos 180 euros- y a través de la caída en la cotización de la Seguridad Social. "El miedo es libre y para muchísimos trabajadores renunciar a este dinero es hoy por hoy insostenible".