Madrid. Las previsiones de gasto en prestaciones por desempleo del Gobierno español se han quedado en papel mojado. El Estado ha destinado en los siete primeros meses del año 18.455 millones de euros al pago de los diferentes subsidios del paro, un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando el Gabinete de Rajoy había estimado una reducción del 5%.

Ese desfase del 10% se suma a otros desajustes presupuestarios para dibujar un complicado panorama en el que España ya superó en julio el límite de déficit previsto para todo el ejercicio. También explica por ejemplo el equilibrio imposible que busca el Ejecutivo popular entre el mantenimiento de la ayuda de los 400 euros para los parados que ya no tengan subsidio y las restricciones que incluye el nuevo programa.

El Estado ha gastado en prestaciones de desempleo una media mensual de 2.636 millones de euros este año frente mientras que el año pasado no alcanzó los 2.500 millones. El gasto medio en la CAV roza los 105 millones de euros al mes frente a los 96 millones de 2011, mientras que el acumulado en los siete primeros meses (733 millones) supera en un 9% el dato del mismo periodo del año pasado, casi el doble que el incremento en el conjunto del Estado. Las peticiones de subsidio cerraron el ejercicio pasado al alza y han consolidado su tendencia en el actual. El gasto está muy lejos de estar bajo control y solo en julio se registraron un millón de nuevas demandas, lo que anticipa que la desviación del objetivo continuará creciendo y añadiendo tensión en el cumplimiento del límite del déficit.

En los cálculos del Gobierno español no entraba la fuerza con la que España está profundizando en su recaída. El empleo que se destruye ahora es también indefinido, que cobra más paro y durante un periodo más largo.

Además cada vez son más los parados que no reciben prestaciones. La cobertura del sistema bajó en julio en 4,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año pasado y se situó en el 67,3%. Los beneficiarios de prestaciones por paro ascendieron a 2.922.786, un aumento del 5,9% anual. La cuantía media bruta percibida por beneficiario fue de 842,9 euros, 8,5 euros más que el año pasado (el 1 % más). La prestación media en la CAV se sitúa en 911 millones y algo más de 89.103 personas reciben alguna ayuda por desempleo.

Huelga general La amenaza de nuevos recortes planea sobre ese contexto, también la oposición sindical. En esa línea, ELA, LAB, ESK, CNT, CGT, STEE-EILAS, HIRU y EHNE registraron ayer ante la sede del GobiernoVasco en Bilbao la convocatoria de huelga general para el próximo 26 de septiembre en el País Vasco, que es más necesaria que nunca porque "nos roban los derechos más básicos".

Los sindicatos cedieron parte del protagonismo del acto a colectivos de parados. De hecho, el responsable de Política Social de ELA, Mikel Noval, ligó el objetivo oficial del paro general -hacer causa común contra los recortes- a la subida del número de desempleados. A su juicio, el repunte de agosto pone en evidencia "que las prioridades políticas no están en combatir el paro, en mejorar la situación de las personas, sino en reducir el déficit".