Luz verde a la tercera reforma para sanear la banca y evitar así la bancarrota financiera

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró que "si hubiéramos tenido una norma como ésta, la crisis bancaria española se podría haber abordado de una manera totalmente distinta", por lo que el objetivo de esta norma es que "no se reproduzcan crisis que acaban teniendo un coste en la actividad económica y en el empleo".

La reforma, que cumple los "compromisos" acordados con Bruselas para conceder la ayuda de hasta 100.000 millones de euros para el sector financiero, tiene como fin que el coste de la reestructuración y liquidación de entidades sea soportado por sus accionistas y bonistas para "minimizar el impacto en los recursos públicos, es decir, en el dinero de los contribuyentes".

En relación a las participaciones preferentes, el FROB podrá imponer un ejercicio de canje determinado "si considera que la absorción de pérdidas por parte de los acreedores ha sido insuficiente", según la nota de prensa del Ministerio de Economía. El canje de preferentes de entidades rescatadas se realizará con fuertes pérdidas para el inversor, ya que el Gobierno obligará a valorar estos títulos a precios de mercado -lo que implica un gran descuento- con un margen adicional del 10%.

Respecto a las novedades de la reforma, De Guindos destacó la creación de un "mal llamado banco malo", que adquirirá activos "no tan malos" de las entidades financieras. Sostuvo que tampoco el banco malo supondrá coste a los contribuyentes porque el traspaso de activos dañados (inmuebles adjudicados por impago o créditos dudosos) a esta sociedad gestora será "a precios adecuados" para que pueda venderlo en el mercado sin perder dinero en un plazo de entre 10 y 15 años. "Será una sociedad gestora viable", recalcó, e insistió en "minimizar el impacto al contribuyente". Se traspasarán sobre todo "créditos problemáticos ligados a promotor, los más tóxico", precisó. También se aumentará la protección de los inversores minoristas para evitar que se vuelva a producir la comercialización inadecuada de determinados productos, como las participaciones preferentes. En concreto, se exigirá que este tipo de emisiones sean destinadas en un 50% para institucionales y el otro porcentaje, para minoristas, que tendrán que invertir al menos 100.000 euros cuando la entidad que lo coloca no esté cotizada. Además, se pedirá a los clientes minoristas que escriban de su puño y letra que el producto no les resulta conveniente cuando insistan en comprarlo.

Asimismo, pone coto a las remuneraciones de los responsables de las entidades financieras que necesiten ayuda pública, que bajará de un máximo de retribución fija de 600.000 a 500.000 euros. También eleva los requisitos de capital de las entidades, que serán del 9%, frente al 8% exigido para las entidades cotizadas y el 10% para las que tuvieran demasiada financiación mayorista. La nueva norma da amplios poderes al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pasará a estar controlado por el Gobierno y que podrá actuar tanto en las entidades que sólo necesiten una pequeña ayuda ("intervención temprana") como en las que requieran una profunda reestructuración o una verdadera liquidación. El Gobierno ha elevado la capacidad de endeudamiento del FROB, que pasará a ser de 120.000 millones de euros para 2012, frente a los 90.000 millones establecidos anteriormente. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría sostuvo que la reforma culmina el saneamiento del sector financiero con el fin de "impulsar el crecimiento económico y el empleo" y de "recuperar la financiación y el crédito".