BILBAO. Los parados españoles de larga duración sin más cobertura social no podrán cobrar la ayuda de 400 euros del plan Prepara si conviven en el hogar con sus padres y éstos tienen unos ingresos que, divididos entre todos los miembros de la unidad familiar, superen los 481 euros mensuales per capita, el 75% del salario mínimo interprofesional (SMI) español.
La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, explicó ayer tras el consejo de ministros que hasta ahora no se tenían en cuenta los ingresos de los "ascendientes familiares" como miembros de la unidad familiar, mientras que en adelante será así siempre que vivan juntos.
El Gobierno español prorrogó el abono de 400 euros mensuales a los parados sin ingresos tras una fuerte discusión entre los partidarios de reducir el gasto público a toda costa -y por lo tanto eliminar o reducir el montante de esta partida- y los que consideran que sin esta ayuda social para miles de personas, España se puede convertir en una bomba de relojería con los recortes sociales, las subidas de impuestos y el previsible aumento del desempleo en otoño-invierno.
Al final, el Ejecutivo de Rajoy aprobó ayer mantener la ayuda pero endureciendo las condiciones para su acceso con el fin de que el montante económico total sea inferior. Así, el consejo de ministros dio luz verde a una reforma del plan Prepara, -en teoría era un planteamiento para favorecer la formación de los parados de cara a facilitar el acceso a un empleo pero en la práctica se había convertido en una ayuda social de último recurso-, para los desempleados sin ingresos que limitará el acceso a la ayuda de 400 euros puesta en marcha por el Ejecutivo socialista de Zapatero en febrero de 2011.
450 euros La prórroga de este plan, con efectos retroactivos desde el pasado 16 de agosto, elevará ligeramente hasta los 450 euros mensuales, frente a los 399 euros actuales, la prestación de los beneficiarios con al menos dos familiares a su cargo (además de la pareja), pero para limitar su concesión incluye a los ascendientes en la consideración de la concesión, como ya adelantó la semana pasada el vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano. Esto es, se tendrá en cuenta el nivel de "colchón familiar" del parado en cuestión. Este concepto se evaluará sumando los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar, es decir, los familiares que convivan en la misma casa, divididos por el número de personas que la integran.
Para beneficiarse del plan, los solicitantes deben estar inscritos como demandantes de empleo en las oficinas del antiguo Inem y carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional (481 euros), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
Se entiende que se cumple el requisito de carencia de otras rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar, incluida la del solicitante y dividida por el número de miembros que la componen, no supere esos 481 euros. O sea que si un parado vive con sus padres y uno de ellos tiene un trabajo, o una pensión, de más de 1.443 euros al mes, o entre los dos suman esa cuantía, no podrá cobrar el Prepara.
En cualquier caso, los que ya están cobrando la ayuda mantendrán las condiciones que ya tenían, según afirmó la ministra de Empleo. Para el resto de desempleados, la ayuda se mantiene en 400 euros al mes, durante un máximo de seis meses.
Gastar menos En cualquier caso la filosofía de la reforma es reducir el número de beneficiados y la cuantía presupuestaria destinada al plan aunque la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adelantó que el nuevo plan consiste en dar más a unos parados y quitar esa cantidad a otros, lo que permitirá mantener el mismo presupuesto global para los desempleados de larga duración.
Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso en temas de empleo, Emilio Olabarria, afirmó que los cambios en el plan Prepara pretenden reducir el número de personas con derecho a recibir la ayuda de 400 euros y genera el riesgo de dejar "desamparadas" a miles de personas sin trabajo en el Estado. Según Olabarria, el Gobierno posibilita una concesión "discrecional" de la ayuda y una actuación "totalmente arbitraria" ante la dificultad, por ejemplo, de medir los esfuerzos que un parado ha realizado en la búsqueda de empleo.