Madrid. Impotencia, incapacidad y falta de iniciativa, así podría definirse la imagen del Gobierno del PP frente a los ataques de los especuladores que, lejos de dar una tregua tras el último hachazo al Estado del bienestar, redoblaron ayer su ofensiva poniendo de rodillas a un Ejecutivo, el de Rajoy, que se limita a ejercer de plañidera reclamando sin éxito la intercesión del Gran Hermano: el Banco Central Europeo. Tal es su incapacidad y su dependencia de lo que decidan las altas instancias del emisor del Euro (en la que España no está representada), que la sombra de un rescate total a la economía española está sobre la mesa de todos los analistas ya que, con el bono a 10 años por encima del 7,5% (la prima de riesgo batió ayer todos los récords al escalar hasta los 640 puntos), la liquidez del Estado para pagar sus compromisos queda en entredicho. Hay quien augura que, o se frena esta situación, o a España le quedan sólo tres meses de liquidez garantizada. Después y si no hay rescate (que implicaría aún mayores recortes), está la bancarrota. El hecho de que el titular de Economía, Luis de Guindos, reitere una y otra vez que España no será rescatada, lejos de traer tranquilidad y a tenor de posicionamientos anteriores (también negó que la banca necesitara ayuda), genera aún mayores dudas

Y en estas, la pregunta es obvia: ¿qué se puede hacer? El Gobierno sólo ve un camino: que el BCE reanude la compra masiva de deuda española en los mercados secundarios. Esa solución, apoyada tanto por el Gobierno como por el PSOE, sería la directa ya que implica trasladar al BCE el peso de la responsabilidad (y la patata caliente de unos bonos muy difíciles de colocar hoy en día en los mercados financieros a un interés aceptable). Pero el problema es que la decisión de intervención queda fuera del ámbito español y corresponde, en exclusiva al BCE que ayer volvió a hacer oídos sordos a las suplicas hispanas (Mario Draghi y José Manuel durao Barroso se reunieron en Bruselas).

segunda vía Por tanto, se impone una solución en la que el Gobierno tenga alguna clase de poder decisorio. Y de eso es de lo que el ministro de Economía, Luis de Guindos, no quiere ni oír hablar. Esa solución, según recordó el vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, pasa porque el Estado pida a la UE que use parte del nuevo fondo de rescate (el MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad) para comprar deuda española, pero tal posibilidad (abierta tras la cumbre europea del 28 y 29 de junio) exigiría la firma de un nuevo memorándo (contrato) con Europa que, sin lugar a dudas, traería la obligatoriedad de más ajustes.

Con el Gobierno en sus mínimos de popularidad, los funcionarios en la calle, la amenaza de una huelga general y los ánimos crispados tras el hachazo económico de hace una semana, el precio político a pagar por Rajoy sería demasiado elevado. Por eso De Guindos ni siquiera valoró ayer esa posibilidad. Y es que el ministro de Economía, que acudió ayer al Congreso a explicar el rescate a la banca (que él niega que sea un rescate), se limitó a decir lo obvio: que el problema de España es "un nivel de endeudamiento brutal" que convierte a España en el "rompeolas de esta incertidumbre sobre el futuro del euro".