Donostia. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha considerado que el exjefe de la oficina de Hacienda de Irun, José María Bravo, llevó a cabo durante quince años una "continuada actividad delictiva depredadora" cometiendo una malversación por valor de 1,6 millones de euros y blanqueando el dinero para su ocultación, lo que le hace merecedor de una condena de once años de prisión y dos millones de euros de multa.

Concretamente, en una sentencia de extensión inédita en el territorio, con un total de 380 folios, el tribunal impone a Bravo una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos en la modalidad de especial gravedad; otra pena de tres años de prisión por blanqueo de capitales, a la que se suma la multa de dos millones de euros; y una pena de un año de privación de libertad. A ello añade una condena de 16 años de inhabilitación absoluta para todo cargo o empleo público y otros nueve años de inhabilitación especial para todo cargo o empleo público en una administración tributaria.

Asimismo, con el fin de que Bravo haga frente a una responsabilidad civil que se fija en 1.661.157,53 euros por los daños que sus delitos han ocasionado a la Hacienda foral y de 240.018,65 euros por los perjuicios, la Sección 1ª de la Audiencia Provincial -presidida por el magistrado Iñaki Subijana- determina el comiso de la mayor parte de las propiedades que el condenado y su mujer adquirieron, según la sentencia, con el dinero del que el funcionario se apropió. Por último, se le impone a Bravo una pena de un año de prisión por el delito de alzamiento de bienes, al tiempo que se le absuelve de las acusaciones de estafa y usurpación de funciones públicas.

La esposa de Bravo, Rosa Cobos, también ha sido condenada por la Audiencia Provincial a pesar de que el encausado aseguró durante el largo juicio celebrado entre los pasados 16 de abril y 23 de mayo que su mujer -de la que está separado- no conocía la procedencia ilícita del dinero que obtuvo al margen de su actividad como funcionario. Por delito de blanqueo de capitales la Audiencia condena a Cobos a dos años y cuatro meses de prisión, y por delito de alzamiento de bienes, a un año de cárcel.

recurso al supremo El abogado que defiende a Bravo, el letrado vizcaíno Jesús Urraza, adelantó ayer a este periódico que va a presentar recurso de casación ante el Supremo porque la sentencia "no se ajusta a derecho" ya que, en su opinión, no ha quedado acreditado que el dinero que el tribunal considera que Brajo sustrajo no fuera ingresado en las arcas forales.

Y es que la tesis de Bravo se sustentaba en que, efectivamente, se quedó con dinero que los contribuyentes le entregaron para saldar deudas tributarias pero luego lo ingresó en las cuentas de la Diputación. El propósito de esa apropiación era, según aseguró, dar curso legal al dinero que obtenía con su actividad paralela como asesor fiscal y legal, la mitad del cual no declaraba al fisco. Sin embargo, la Audiencia Provincial no ha creído ninguno de esos argumentos.