Vitoria. Vuelco inesperado en el desenlace del conflicto de Laminaciones Arregui. A escasos días de que expire el plazo para que la propietaria de la empresa, el grupo Celsa Atlántic, cierre definitivamente sus plantas de Vitoria y Urbina y despida a otros 200 trabajadores, la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco dio ayer un giro inesperado a dicha resolución al posicionarse a favor de los trabajadores, destacando a través de un dictamen que no hay motivos suficientes para cerrar la empresa. En concreto, el informe oficial niega la concurrencia de causas productivas que justifiquen la presentación del ERE de extinción y tampoco detecta causas económicas que lo avalen. A su juicio, la dirección de la empresa ha pecado de "falta de información y flexibilidad" hacia los trabajadores a lo largo del expediente, por lo que insiste en reconocer que no existen causas suficientes para cerrar la compañía.
El dictamen, que está ya en manos de ambas partes, no es vinculante -desde la aplicación de la Reforma Laboral el Gobierno Vasco no es competente en materia laboral-, sin embargo sí podría tener cierto peso en la más que plausible demanda judicial que los trabajadores presentarán en los próximos días contra la empresa. Cuestionada al respecto, un portavoz de Celsa declinó ayer a este periódico realizar ninguna valoración.
El giro en la situación de Arregui se produce justo el día en que parte de la plantilla escenificó por el centro de Vitoria el entierro simbólico de la empresa, con sus 91 víctimas. Frente a la sede del PP en la calle Olaguíbel, un portavoz del comité reiteró el ofrecimiento de los trabajadores a negociar para poder "salvar la empresa", al tiempo que denunció la "prepotencia y nula voluntad de negociar de la dirección". El último contacto entre ambas partes se produjo el pasado lunes, donde apenas se produjo acercamiento alguno. Tras más de 70 días de huelga, el comité insistió ayer en que lo único que separa a la empresa y los trabajadores son poco más de dos millones de euros y una propuesta que pasaría por readmitir a los 91 despedidos y abordar la salida de la plantilla a través de mecanismos "menos agresivos". A cambio, el comité aceptaría la congelación de todos los conceptos salariales durante 2010, 2011, 2012 y 2013.
