madrid. La ex directora general de la Caja del Mediterráneo (CAM) Maira Amorós aseguró ayer que no tomó ninguna medida que comprometiera la solvencia o liquidez de la entidad, ni diseñó ningún producto financiero que pudiera "poner en peligro o generar riesgo para los inversores".

Tras declarar en la Audiencia Nacional como imputada, el abogado de Amorós, Carlos Saiz, explicó que su representada sólo fue directora general durante ocho meses y en los últimos cuatro estuvo "en todo momento supervisada por la inspección del Banco de España, que estaba "in situ" en la caja". Además, explicó que en los cuatro primeros meses en el cargo tuvo delegada sus facultades al SIP, la alianza con la que la CAM se iba a unir con Cajastur y otras dos cajas. En cuanto a su sueldo, que rondaba los 600.000 euros anuales, y la pensión vitalicia de 360.000 euros anuales, Amorós explicó al juez Javier Gómez Bermúdez que no realizó ninguna modificación en su sistema retributivo y que no cobró ninguna indemnización.

Al término de la declaración de Amorós, que duró tres horas, el abogado de la acusación popular aseguró a los medios que la última directora general de la caja se desvinculó de las responsabilidades contables y de crédito de la entidad, así como de la orden de emitir cuotas participativas y participaciones preferentes, con las que se calcula que hay 50.000 afectados. Al igual que los otros cuatro exdirectivos de la CAM acusados de delitos de estafa, societario, apropiación indebida y manipulación del precio de las cosas, Amorós insistió en que no tenía decisión directa sobre los polémicos préstamos en los que participaba la caja, como el crédito sindicado de 1.200 millones al proyecto inmobiliario de Polaris World. Con respecto al incremento de su sueldo desde los 350.000 que cobraba como directora adjunta (un puesto que ostentó desde 2001 hasta 2010), hasta los 593.000 euros que percibió posteriormente al pasar a ser directora adjunta a general, Amorós aseguró que fue una decisión que adoptó y ratificó el consejo de administración.

Asimismo, Amorós señaló varias veces durante su comparecencia al exdirector de planificación y control de la CAM Teófilo Sogorb, quien la acusó esta semana de haber ideado un plan para captar liquidez a través de los clientes mediante productos financieros complejos como las preferentes.

La declaración de Amorós estuvo en línea con lo que defendió en mayo en la comisión de investigación de las Cortes Valencianas sobre la intervención de la CAM, cuando negó cualquier responsabilidad en la situación de la entidad y justificó su retribución por ser la misma que la que cobraba su antecesor, Roberto López Abad. Los administradores del FROB, encargados de gestionar la caja alicantina tras su intervención, destituyeron a Amorós al considerar que mientras estuvo al frente de la CAM buscó el beneficio propio, falseó las cuentas y realizó una gestión deficiente. El lunes será el turno de que declaren como testigo la auditora PwC, mientras que el jueves está previsto que lo haga López Abad. Fuentes jurídicas señalaron que la causa podría cerrarse en ocho meses.