Bruselas. La desconfianza de los mercados hacia España es evidente desde hace meses pero hasta la Unión Europea tiene muchas dudas de que la política macroeconómica del Gobierno de Mariano Rajoy camine en la dirección que debe. El último tirón de orejas llegará mañana de la mano de los ministros de economía y finanzas de la UE que tienen previsto aprobar un paquete de recomendaciones económicas en el que se urge al ejecutivo español a aumentar sus ingresos por IVA, eliminar beneficios fiscales como la deducción por vivienda y aplicar estrictamente la ley de estabilidad presupuestaria.

El único respiro para Rajoy llega en el ámbito de las pensiones. Según el borrador que aprobará el Ecofin y al que tuvo acceso este periódico, la UE no pedirá a España que acelere la entrada en vigor del retraso de la edad de jubilación a los 67 años, tal y como urgió la Comisión Europea el pasado 30 de mayo en su análisis del plan de reformas y el programa de estabilidad español para 2012-2015. Solo pide que se garantice que la edad de retiro aumentará en línea con la esperanza de vida. Una cuestión en la que también han incidido varios socios europeos que recibirán el mismo trato en sus respectivas recomendaciones.

En todo caso, el espíritu de la Comisión Europea se mantiene intacto. El informe recuerda a España que "la eficacia del sistema fiscal puede mejorarse" y apunta a varias vías: aumentando el porcentaje de los impuestos indirectos hacia una tributación más favorable al crecimiento; o ampliando la base impositiva del IVA a través de la eliminación de exenciones o subiendo los tipos reducidos (que se sitúan en el 8%) y superreducidos (4%) que se aplican a determinados productos y servicios. No se olvidan tampoco de una de las medidas reintroducidas por el Gobierno de Rajoy como es la deducción por vivienda. Urgirán al gobierno español a garantizar "un menor sesgo impositivo hacia el endeudamiento y el acceso a la propiedad" en detrimento del alquiler. Aunque el Gobierno popular conoce las exigencias de Bruselas, compartidas por el Fondo Monetario Internacional, el presidente español sigue sin aclarar qué piensa hacer. "Tomaremos todas las decisiones que nos parezcan oportunas en cada momento", advirtió ayer tras la cumbre del G20 celebrada en México. Tampoco lo aclaró ayer su ministro de hacienda, Cristobal Montoro, que reconoció no obstante que existen divergencias de opinión en el gobierno. Una vez que el Ecofin apruebe las recomendaciones se convertirán en exigencias que la UE examinará con lupa y que en caso de incumplimiento podrían desembocar en sanciones y hasta en la suspensión del rescate bancario de hasta 100.000 millones de euros que España solicitará al Eurogrupo una vez que conozca hoy el resultado de las auditorías a la banca.

De hecho una de las exigencias insta a aplicar la reforma del sector financiero y la reestructuración para corregir las debilidades de la banca estatal y los problemas de los activos heredados que figuran en sus balances. También se recuerda a las autoridades españolas que deben realizar un esfuerzo presupuestario anual equivalente al 1,5% del PIB en el período 2010-2013, controlar el gasto a nivel regional aplicando "estrictamente" la ley de estabilidad presupuestaria, y presentar un plan presupuestario para los años 2013 y 2014, antes de que termine julio. En total ocho recomendaciones en las que se insta a adoptar medidas adicionales para aumentar la eficacia de las políticas activas de empleo con más formación, mejor asesoramiento y reforzando la coordinación entre el Inem y los servicios regionales de empleo; revisar las prioridades de gasto y reorientar fondos para mejorar el acceso al crédito de las pymes, la investigación y el desarrollo y los jóvenes; más esfuerzos para reducir la tasa de abandono escolar y aumentar la educación vocacional así como mejorar el acceso al empleo de los grupos más vulnerables, con medidas de apoyo a la infancia y las familias para luchar contra el riesgo de pobreza y exclusión social. El Ecofin también quiere que España liberalice las profesiones reguladas, menos burocracia para la apertura de negocios y que actúe sobre el déficit tarifario en el sector eléctrico.