VITORIA. Desde su creación, el 1 de enero de este año, Lanbide ha comenzado a gestionar también la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), que ahora está ligada a la inclusión en un itinerario de formación de sus perceptores.

Lanbide ha explicado en un comunicado que ha iniciado procedimientos de suspensión a 2.031 perceptores de ambas prestaciones por detectar algún tipo de fraude, lo que supone un ahorro anual de 17 millones de euros.

El 72,27 por ciento de los 2.031 casos descubiertos, corresponden a Bizkaia, casi 20 puntos por encima de lo que, según Lanbide, le corresponde por índice poblacional. En Araba representa el 13,88 por ciento y en Guipuzkoa el 13,83 por ciento.

Para Lanbide, esta "abrumadora diferencia" entre Bizkaia y el resto de territorios no se corresponde con el porcentaje de población, según el cual, un 53 por ciento de la ciudadanía vasca vive en Bizkaia, un 32,33 por ciento en Gipuzkoa y un 14,66 por ciento en Arava.

Asimismo, Lanbide ha recordado que la Diputación vizcaina ha sido la administración foral que más tiempo ha tardado en entregarle sus expedientes de perceptores de ayudas sociales para poder estudiarlos y gestionarlos.

En concreto, ha tardado más de seis meses en transferir 15.000 expedientes ordinarios pendientes y todavía no ha entregado todos los que están en su poder.

Este retraso ha supuesto, según Lanbide, "demoras en el pago a personas que lo necesitaban y pagos sin control en casos que incumplían la ley", circunstancia que ha sido atajada por Lanbide una vez revisada la documentación remitida.

"Nos hemos encontrado mucho descontrol en los documentos entregados por la Diputación de Bizkaia y los datos de suspensiones así lo corroboran", ha subrayado el director general de Lanbide, Javier Ramos.

Además, los expedientes vizcainos acumulan una media de demora en la resolución de entre siete a ocho meses e incluso algunos un año de demora.

Lanbide ha revisado "uno a uno" cada expedientes y ha pagado a los perceptores afectados las cantidades que se les adeudaba, un total de 13 millones de euros. De estos trece millones de euros, 9,6 se corresponden con la RGI y 3,4 con la PVC.

Ramos ha insistido en que la gestión de Bizkaia con la RGI ha sido "nefasta" y en que los datos demuestran "cómo se han hecho las cosas en Euskadi durante los últimos años con respecto a la lucha contra el fraude en las ayudas sociales", así como "la diferencia de gestión y de control que ha existido entre una diputación y otra".