MADRID. El agujero de la banca española empezará a esclarecerse a partir del lunes. El Gabinete de Mariano Rajoy tendrá para ese día una cifra concreta de las necesidades de las diferentes entidades financieras procedente de los análisis de dos consultores independientes para encarar la reunión del G-20 con la información sobre uno de los temas más relevante de este cónclave. "El lunes el Gobierno ya tendrá la cifra global de las necesidades del sistema financiero español de los auditores. Quieren acudir a la cumbre ya con esa información", aseveró una fuente que participa en el proceso citada por la agencia Reuters.
Una segunda fuente financiera, que confirmó este extremo, dijo que las necesidades finales estarían entre 60.000 y 70.000 millones de euros. El reciente informe del FMI estimaba unas necesidades de 40.000, aunque recomendaba un colchón que elevaría esta cifra hasta un tope de 80.000. El Ejecutivo del Partido Popular ha contratado a dos consultoras independientes, Roland Berger y Oliver Wyman, para realizar un análisis del sistema financiero del Estado español y ofrecer una cifra de necesidades para cada una de las entidades considerado clave para las condiciones de la ayuda europea. Según las mismas fuentes, Bankia absorbería los 19.000 millones de euros solicitados para recapitalizarse. Las también nacionalizadas Catalunya Caixa y NCG Banco podrían requerir según la misma fuente alrededor de 20.000 millones más mientras que el resto se repartiría básicamente entre algunas de las antiguas cajas.
Unos datos que pueden dar certidumbre a los mercados y acabar con los rumores sobre el futuro de algunos bancos españoles. En este sentido, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) no prevé liquidar ninguna de las entidades de crédito que administra o controla, entre ellas Banco de Valencia, CatalunyaCaixa o NovaGalicia.
El FROB, que en breve se hará también con el control de Bankia, aclaró en un comunicado remitido ayer que seguirá llevando a cabo la reestructuración ordenada de estas entidades. Esto garantizará la operativa normal de todas estas instituciones financieras y reafirma la idea expresada la víspera por el Ministerio de Economía, que dijo que el Gobierno español no tiene intención de liquidar ninguna entidad financiera. El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, consideró horas antes que algunas de las entidades españolas que han pasado a manos del Estado se podrían liquidar si esa solución resultaba menos costosa para el contribuyente. En declaraciones en los desayunos de TVE, el comisario europeo recordaba que la liquidación ordenada se ha llevado a cabo en otros países europeos y es "normal" tomar esta medida cuando es más caro reestructurar una entidad que vender sus activos.