Vitoria. A pesar de las movilizaciones y continuas muestras de apoyo, la moral entre los trabajadores de Laminaciones Arregui está empezando a decaer. La relación con la dirección de Celsa Atlantic (grupo propietario desde hace 15 años) continúa enquistada y las condiciones que este puso el miércoles sobre la mesa para garantizar la viabilidad de las plantas de Vitoria y Urbina son interpretadas por los trabajadores como una muestra de "chantaje desmedido y brutal". Para que la actividad se mantenga, la empresa exige 91 despidos, rebajas salariales de entre un 10% y un 20% (la mayoría de los 352 afectados encajaría en el tramo más alto) y una flexibilidad interna del 10% de la jornada (171 horas) acumulable hasta tres años. Condiciones "inasumibles", sobre todo las dos primeras, que la plantilla rechaza "frontalmente" y no va a aceptar.

Con este panorama, Asier Giraldo, presidente del comité, reconoció ayer que el 15 de junio, fecha en la que finaliza el periodo de consultas, "podría ser el último día de trabajo de Laminaciones Arregui", a pesar de que la masa salarial apenas representa un 6% en la tesorería del grupo y que la carga de trabajo es un hecho. "Si estuviéramos de brazos cruzados o jugando a las cartas, hasta se podría entender el ERE, pero es que estamos trabajando al 100%", reconocía ayer a este diario un trabajador a la entrada de la fábrica. "El último día de trabajo antes de iniciar la huelga indefinida, el pasado viernes 18, sacamos adelante 1.800 toneladas de tubo, que es una absoluta barbaridad", añadió otro compañero.

Así y todo, la plantilla confía y espera como "única salida" que en el próximo encuentro que mantendrán con la dirección en el Preco (será el miércoles 30) se produzca un gesto que permita avanzar algo en la negociación. "La viabilidad de las plantas no pasa por la destrucción de empleo si no por sentarse a hablar con voluntad", sugirió el presidente del comité. Sin embargo, el "paso" demandado a Celsa es una esperanza vaga que pende de un hilo, ya que ninguna de las dos partes está dispuesta a mover un ápice sus pretensiones. La plantilla, como mal menor, estaría dispuesta a continuar con el sueldo congelado -igual que en los últimos 30 meses-, pero de ninguna forma aceptarán el despido del 25% de la plantilla. Ni tan siquiera el papel mediador del Gobierno Vasco, que estaría dispuesto a gestionar un crédito participativo de cinco millones si se alcanza un acuerdo y se suscribe un plan de viabilidad, se antoja ahora válido para desengrasar el problema. "Con el Gobierno no tenemos nada que negociar", zanjó el representante legal de Celsa al comité el pasado miércoles.

Cabeza de turco En el fondo del conflicto, criticó ayer el comité, subyace la reforma laboral, que "está permitiendo a la empresa precarizar nuestras condiciones de trabajo y destruir nuestro convenio". Y por si todo esto no fuera poco, el riesgo que la plantilla vislumbra para justificar el cierre de las dos plantas es que la empresa utilice el caso alavés como "cabeza de turco y escarmiento ante el resto de plantas de Celsa en España".