Madrid. Repsol ha remitido una carta a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51% de YPF, con lo que la petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional. A partir de ahora, se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi), explicaron fuentes de la compañía española, que no descarta emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos. El objetivo es que se declare ilícita la actuación de Argentina y que se le condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía por los daños y perjuicios ocasionados.
El argumento legal esgrimido por Repsol, es que la decisión del gobierno de Cristina Fernández de nacionalizar YPF sin pagar los 8.500 millones de euros que reclama la petrolera española, vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina. Este tipo de tratados, añade la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior. En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización "adecuada y sin demora".
