Vitoria. No hubo ni tan siquiera tiempo para la anestesia. Seis días después de presentar un ERE de extinción para toda su plantilla en Álava, la dirección de Celsa Atlantic (antigua Laminaciones Arregui) anunció ayer a bocajarro su intención inminente de liquidar la misma, lo que supondrá el despido de 349 trabajadores en sus plantas de Vitoria y Urbina. La decisión se produjo justo el primer día del periodo abierto para la negociación y, al menos de momento, ni tiene marcha atrás ni contempla ningún plan de viabilidad, lo que anula de facto el colchón económico que el Gobierno Vasco estaría dispuesto a comprometer si se alcanza un acuerdo entre ambas partes y se garantiza la actividad y el empleo en los centros de Euskadi. Dicha ayuda, según revelaba el consejero de Industria el pasado martes, asciende a cinco millones de euros a través de créditos participativos.
Pero ayer no hubo margen. Y la empresa, al menos hasta el día de ayer, continuó enrocada en su postura firme de echar la persiana a sus dos factorías alavesas para amputar de cuajo una hemorragia económica que en 2010, según datos oficiales, se saldó con unas pérdidas de 60 millones de euros. Dos abogados enviados por la multinacional catalana se encargaron de ofrecer la versión de la empresa, certificando ante el comité la intención de liquidar la firma en un acto desarrollado en el Preco, el sistema de procedimientos voluntarios que existe para la solución de conflictos laborales.
En este inesperado contexto, la plantilla encajó mal la noticia. A estas alturas y reconocida de forma generalizada la "mala pinta" que tiene la actual situación, a nadie se le escapa tampoco que la decisión anunciada por Celsa ayer no esconde ningún farol. Por eso la voluntad del comité será agotar todas las posibilidades y estirar la negociación, como mínimo, hasta el próximo 15 de junio, cuando concluya el periodo de consultas que establece la reforma laboral. Está por ver también cuál será la actitud de la dirección en este periodo.
Próxima reunión, el día 23 De momento, empresa y sindicatos volverán a verse las caras el próximo miércoles en el mismo escenario. La idea del comité será defender la "dignidad" de la plantilla ante la sensación extendida de que la empresa está llevando a cabo un "chantaje intolerable" a los trabajadores, denunció ayer el presidente del comité, Asier Giraldo. A su juicio, el ERE de extinción presentado es "exagerado" y "no se corresponde con la realidad" de la empresa, donde sí existe en estos momentos carga de trabajo, aseguran los trabajadores. A la espera de ese nuevo encuentro, la plantilla continuará con su calendario de movilizaciones. "No podemos hacer mucho más", lamentó a media tarde Gustavo López de Armentia, de ELA.
Huelga indefinida A las jornadas de paro convocadas para hoy y mañana se añadirá una huelga indefinida a partir del lunes 21 como medida de presión para tratar de forzar la negociación. Una negociación, advierte la plantilla, que no sea un "saqueo" como el que a su juicio puso la empresa como condición para garantizar el futuro de las dos fábricas: 91 despidos, rebajas salariales del 30% y más de cien horas extra de trabajo al año. "Creemos que el plan de viabilidad es posible y vamos a luchar por demostrárselo", añadió a este periódico el presidente del comité.
A pesar de no ser aún firme, la intención de Celsa levantó cierta polvareda en los mentideros políticos. Así, el diputado general, Javier de Andrés, calificó de "tremenda pérdida" el hipotético cierre de las dos plantas, mientras que la portavoz del Ejecutivo Vasco, Idoia Mendia, confirmó el préstamo de cinco millones que el Gobierno Vasco estaría dispuesto a conceder sólo si empresa y plantilla se ponen de acuerdo y sellan un plan de viabilidad que garantice el futuro de las plantas de Vitoria y Urbina y sus trabajadores.