vitoria. PNV y el PP cerraron ayer el acuerdo para eliminar la representación del Parlamento Vasco en las asambleas de las tres cajas de ahorro de Euskadi y aumentar la representación de las entidades fundadoras. La ponencia que ha estudiado el proyecto de Ley de Cajas de ahorro dio por concluido su trabajo para que el próximo día 25 sea aprobado el dictamen en la comisión correspondiente.
El proyecto de ley del Gobierno Vasco preveía que las asambleas generales de las cajas estuvieran compuestas en un 47% por los representantes de los impositores, el 17% de las corporaciones locales con oficinas de las entidades, el 12% de las entidades fundadoras (diputaciones y los ayuntamientos de las tres capitales vascas), el 7% de los empleados, el 6% de diversos colectivos y el mismo porcentaje de las respectivas Juntas Generales. Como novedad, se introducía una representación del 5% del Parlamento Vasco o de la Comunidad Autónoma que ahora, con el acuerdo entre nacionalistas y populares, va a desaparecer. La nueva representación de las asambleas quedará en un 48% de los impositores, 17% de los ayuntamientos, otro 17% de las entidades fundadoras, el 7% del personal, el 6% de las Juntas Generales y el 5% de los distintos colectivos. El acuerdo entre el PNV y el PP básicamente lo que hace además es que los representantes de las entidades fundadoras en las asambleas de las cajas serán elegidos por quien gobierne la institución, lo que, con la actual configuración política, beneficiaría al PNV en Bizkaia, al PP en Álava y a Bildu en Gipuzkoa. Además, los representantes de cada caja en los consejos de administración de Kutxabank no serán elegidos proporcionalmente por las asambleas, sino que quien controle el 51% nombrará a todos los representantes. La tercera gran modificación del proyecto de ley hace que no sea obligatoria la renovación del consejo de administración del banco creado por las tres cajas, algo que sólo se hará si una de las tres, Caja Vital, BBK o Kutxa, lo pide. Una vez que se apruebe la ley se abrirá un plazo de unos cuatro meses para que se renueven los órganos de gobierno de las cajas con los nuevos requisitos. Joana Madrigal (PSE-EE) lamentó las modificaciones al entender que el proyecto original del Gobierno era mucho más "representativo" de la pluralidad de la sociedad vasca.