DONOSTIA. Este empresario ha declarado hoy, junto a otros testigos, en el juicio que se sigue en la Audiencia de Gipuzkoa contra el exdirector de la oficina de Hacienda de Irun José María Bravo, su esposa, Rosa Cobos, y su socio Pedro Atristain.

Durante su comparecencia, este hombre ha explicado que él "nunca ha debido nada a nadie" por lo que, cuando en 2003 le reclamaron el pago de una deuda de 104.000 euros contrató a un asesor para recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo de la institución foral con la intención de acudir posteriormente a la justicia ordinaria porque su asesor le dijo que iban a "ganar".

Según ha aclarado, su intención era "ser legal" y consideraba que, si se el tribunal le condenaba finalmente a pagar, lo haría cuando saliera la sentencia. Sin embargo, cuando vio las dificultades que iba a tener el proceso judicial prefirió pagar la deuda para olvidarse "del tema", aunque la considerara injusta.

Su asesor, que acudió a hablar con José María Bravo, le dijo que tenía que abonar 60.000 euros y que con eso quedaría saldada la deuda, por lo que formalizó el pago en dos abonos en metálico, uno de los cuales realizó él mismo a Bravo en la oficina de Hacienda de Irun.

El declarante, al que luego le fueron levantados los embargos que tenía sobre dos inmuebles en Zumaia , ha dicho desconocer que tras los pagos se dató por insolvencia su deuda en el sistema de Hacienda.

Por eso, le extraño que en el año 2006 la institución foral le citara de nuevo para reclamarle una deuda y advertirle de que figuraba como insolvente en sus expedientes, ante lo que argumentó que él había pagado "religiosamente" todo lo que se le había requerido.

Ante esta situación llamó por teléfono al entonces diputado de Hacienda, Juan José Mujika, al que conocía por ser del mismo pueblo, y le expresó su enfado por que se le requería el pago de unas "cantidades injustas", en una "inspección injusta" y se sentía "engañado".

"Qué fundamento es esta Hacienda que tenemos aquí", espetó el testigo al diputado, quien le pidió tranquilidad, le solicitó los justificantes de pago y le aseguró que no le pasaría nada.

Este testigo ha revelado además que él no era insolvente y ha insistido en que no tenía "nada que esconder".

Al término de su declaración, este hombre ha formalizado nuevamente su queja ante el presidente del tribunal por el "fundamento de Hacienda" que tiene Gipuzkoa, y le ha pedido que haga las gestiones correspondientes para que su caso desaparezca de un conocido buscador de internet.

En la misma sesión ha declarado el asesor de este contribuyente, quien ha reconocido que acordó con Bravo una rebaja de la deuda y ha dicho que no se extrañó por la rebaja ya que, según la normativa, algunas sanciones tributarias son condonables.

Por su parte, la viuda del exconsejero de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco y diputado foral de Guipúzcoa entre 1995 y 2003, Luis María Bandrés (PNV), ha recordado que la empresa de la que era administradora tenía una deuda de unos 600.000 euros con Hacienda, de la que Bravo le propuso pagar 108.000 en tres plazos, cantidad que le entregó en metálico en la Hacienda de Irun.

La vista se reanudará mañana con la declaración de nuevos testigos.