Madrid. El Gobierno de España dará luz verde a la creación de los denominados bancos malos que aglutinen los activos tóxicos relacionados con el ladrillo y los separen de los balances de las entidades que los poseen. Pero, a diferencia de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y Europa, el Ejecutivo de Rajoy exigirá primero a esas entidades que quieran desprenderse de hipotecas (pisos) y suelo, que saneen sus cuentas para que puedan responder con capital de calidad a la venta de esos activos a un "precio de mercado" (es decir con una rebaja sustancial sobre su valor de tasación).

Otra peculiaridad es que la creación de estos bancos será voluntaria y ligada a cada entidad que lo pida, con lo que el Gobierno creará una doble velocidad de saneamiento: primero las entidades poderosas y después, ya se verá... Con esta fórmula el gabinete de Rajoy quiere cumplir otro objetivo: urgir al sector a concluir el segundo proceso de reforma que ha de mostrar un panorama con muchas menos entidades, pero más poderosas financieramente. Ese poder es el que les permitirá deshacerse mejor de los activos tóxicos.

De momento, estos planes, hilvanados ayer por el ministro de Economía, Luis de Guindos, satisfacen las peticiones de las mayores entidades del sector bancario. Santander, BBVA, Popular y Sabadell habían reclamado la posibilidad de regular la figura del banco malo y crear los suyos propios para evitar verse obligados a participar en una sociedad de liquidación común.

Planes De todas maneras y por ahora, este proyecto es sólo una teoría ya que en la práctica, y según reconoció el propio De Guindos, aún no está determinada la fórmula final de la operación. El mandatario popular anunció ayer que en "los próximos días y semanas" el Gobierno establecerá una regulación de las sociedades que utilizará para arrinconar los activos inmobiliarios de la banca. Explicó que el objetivo es que las entidades financieras "los puedan ir sacando con ventas parciales o a través de sociedades", aunque precisó que serán actuaciones voluntarias por parte de los bancos.

La pregunta es quién comprará los paquetes que salgan a la venta si no hay compradores privados y a qué precio se venderán. La respuesta parece obvia: será el Estado quien cubra esas compras, aunque "a precio de mercado" (en torno a un 60% del valor de tasación que los bancos dan a estos bienes en sus balances). Aunque De Guindos evitó entrar en estos detalles, sí reconoció que el planteamiento inicial es que cada banco pueda crear "su propio vehículo con unas reglas determinadas" que establecerá el Gobierno y que, en todo caso, irán en la línea descrita. La esperanza expresada ayer por el ministro es clara: "probablemente entrarán compradores (privados)" ya que las condiciones de las transacciones serán "razonables".

La cifra a sanear se acerca, en el conjunto del sector financiero, a los 180.000 millones de euros. Sin embargo De Guindos recordó que el sistema financiero español, obligado por las reformas, ha hecho unas provisiones (54.000 millones) que han permitido un ajuste del valor de sus activos que llega al 90% en el caso del suelo y del 80% en cuanto a las promociones de viviendas en curso.

De Guindos insistió en que las entidades financieras que hayan hecho todos los ajustes podrán actuar más rápidamente que las que no los hayan llevado a cabo, por lo que tendrán que esperar a que pase el ejercicio en curso.