MADRID. Según ha señalado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en la Comisión de Presupuestos del Congreso y después en declaraciones a los periodistas, el Gobierno ha observado "serias discrepancias" en algunos de esos planes de ajuste.
Beteta no ha querido facilitar datos concretos porque "procesalmente no procede" y ha dicho que algunos de esos planes han sido analizados y "conformes", otros están en proceso de "mínimas aclaraciones" y con otros hay serias discrepancias porque "contienen partidas de ingresos en su presupuesto que no se soportan con los Presupuestos Generales del Estado".
Será en la reunión del mes de mayo del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde se analizarán los planes de ajuste, tanto los aprobados como los devueltos, de tal manera que todos ellos pueden exponer públicamente y cada comunidad expresar su opinión.
Se trata, ha añadido, de un ejercicio de transparencia, una de las grandes novedades de la ley de estabilidad presupuestaria.
Las comunidades con las que se mantienen discrepancias ya lo saben y el Gobierno les ha remitido sus observaciones "de mayor o menor calado en función de la discrepancia con el objetivo de déficit señalado".
Si las discrepancias persisten, no se les aprobará el plan de ajuste y se empezará a aplicar el plan de estabilidad previsto en la ley.
Aunque no ha querido dar nombres, preguntado por el caso concreto de la Comunidad de Madrid y sus facturas impagadas en materia de sanidad, Beteta ha dicho que el plan de ajuste presentado por el Gobierno de Esperanza Aguirre "solo tiene leves observaciones y plantearán cuáles son sus actuaciones para cumplir el objetivo" del 1,5 por ciento del PIB establecido para las comunidades.
Menos explícito ha sido cuando se le ha preguntado por Cataluña y sólo ha dicho: "Cuando una cosa está clara, se aclara. Lo demás en mayo".
Ha reconocido que varias comunidades autónomas han manifestado dificultades financieras que están siendo analizadas y ya han recibido los apoyos correspondientes por parte del Gobierno, del Tesoro y anticipos, tal y como regula el sistema de financiación autonómica.
