Vitoria. Funcionarios del Gobierno argentino encabezados por el subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, tomaron ayer el control de la petrolera YPF y obligaron a abandonar la sede de la compañía a los directores ejecutivos españoles y argentinos contratados por Repsol. Es la imagen que mejor ilustra las consecuencias de las dos decisiones sumarias anunciadas ayer por la presidenta argentina, Cristina Fernández: ordenar la intervención inmediata de la hasta ayer filial de la petrolera española y enviar al Congreso un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la compañía.

Apenas unos minutos después del anuncio de la presidenta, transmitido en cadena nacional, la Bolsa de Buenos Aires suspendió la cotización de YPF para evitar un desplome de las acciones (que en su caso supondría una factura para su gobierno).

Media hora antes Arropada por ministros, gobernadores, dirigentes oficialistas y empresarios afines al Gobierno, Fernández informó desde la Casa Rosada, por sorpresa, de la intervención de YPF, participada en un 57,43% por Repsol, y del avance en su expropiación, en un acto que no figuraba en la agenda oficial del día y que se convocó formalmente apenas media hora antes.

"Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el cincuenta y uno por ciento del patrimonio de YPF Sociedad Anónima representado por igual porcentaje de las acciones Clase D de dicha empresa pertenecientes a Repsol YPF S.A", señala el proyecto de ley. La iniciativa declara de "interés público nacional" el sector de los hidrocarburos y apunta que la valoración de la compañía correrá a cargo del gubernamental Tribunal de Tasación, pero no explica de dónde saldrán los fondos para el pago de las acciones que se expropiarán.

La presidenta logró vencer la resistencia interna de varios gobernadores sobre la expropiación al anunciar que, de las acciones expropiadas, "el 51% será para el Estado y el 49% restante para las provincias productoras".

"De proseguir la política de vaciamiento, con no producción y no exploración, prácticamente nos convertiríamos en un país inviable, no por falta de recursos sino por políticas empresariales", subrayó Fernández en su discurso en la Casa Rosada para justificar sus decisiones.

El proyecto de ley que se envió ayer mismo al Congreso consta de "19 artículos, con 50 páginas de fundamentos claros y precisos" para expropiar el 51% de YPF y "recuperar la soberanía hidrocarburífera de Argentina". "Esto es una política de Estado que debe unirnos a todos los argentinos", agregó la mandataria, que confía en la aprobación del proyecto en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, a pesar de que requiere del apoyo de dos tercios del Senado y de la Cámara de Diputados.

Apoyó la privatización Al término de un discurso de más de una hora, Fernández evocó la figura de su esposo y antecesor en el cargo para justificar su decisión. "A él le habría gustado una YPF pública", dijo Fernández con lágrimas en los ojos en alusión a su esposo y antecesor, Néstor Kirchner, pero olvidó mencionar que ambos apoyaron la privatización de la petrolera y que fue precisamente el expresidente quien abrió la puerta a la entrada del grupo argentino Petersen en la compañía con el 25,46% de las acciones.

Consciente de que el anuncio ha caído como un mazazo entre grandes empresas con capital extranjero, que venían manifestando en las últimas semanas su preocupación por el cariz que estaba tomando el enfrentamiento entre el Gobierno e YPF, Fernández intentó tranquilizar a los inversores extranjeros. "Toda empresa argentina cuyos accionistas sean extranjeros tengan la certeza de que en la medida que acompañen el crecimiento del país: vamos a seguir trabajando codo a codo", explicó. La presidenta denunció que YPF, en manos de Repsol, invirtió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, periodo en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas.