Bruselas En el examen al que somete la Comisión Europea a España no solo quiere conocer los ajustes, reformas y recortes previstos por el Gobierno central, también quiere conocer con detalle cómo van actuar las comunidades autónomas en este proceso de saneamiento de las cuentas públicas que debe servir para situar a finales de este año el déficit público español en el 5,3%. Una exigencia a las autonomías que nunca hasta ahora se había hecho tan evidente y que pone de manifiesto que los funcionarios comunitarios quieren barrer hasta el último rincón del Estado español de posibles desajustes.

Aún así, insisten en que el reparto interno en el recorte del déficit público -Moncloa exige un recorte del 1,5% a las CCAA- no es asunto de la Comisión Europea sino de las autoridades españolas. "No somos quienes les decimos a los gobiernos regionales que tienen que respetar este u otro objetivo. Encontrar el equilibrio es una cuestión de las autoridades españolas", responden. Pero en este proceso el gobierno de Mariano Rajoy sigue sin hacer los deberes. "Todavía estamos esperando", responden a la pregunta de si Madrid ha remitido ya toda la documentación requerida, aunque "la fecha límite es finales de abril", añaden.

Para entonces, el Gobierno español tendrá que haber presentado el proyecto de presupuesto consolidado, incluidos los elementos relativos a las regiones. Solo entonces, la Comisión decidirá si las autoridades españolas están tomando medidas suficientes para cumplir con lo prometido y rebajar el déficit público. De momento, los mercados parecen tener muchas dudas y la crisis que muchos se prometían superada, tras barrer del mapa a las economías más débiles de la Eurozona, vuelve a resurgir con renovados bríos que apuntan a dos de las economías más potentes del club: España e Italia.