Buenos Aires. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, advirtió ayer de que "cualquier agresión que viole el principio de seguridad jurídica a Repsol será considerada por parte del Gobierno español como una agresión". Esta frase, dictada como advertencia al Gobierno argentino ante la posibilidad de que nacionalice YPF, filial de la petrolera española en aquel país, eleva la tensión entre Madrid y Buenos Aires en un conflicto empresarial que amenaza con convertirse en político. La advertencia formal de Margallo a la Casa Rosada (sede de la presidencia argentina) fue más allá: "el Ejecutivo español se reserva las reacciones que considere oportunas" en el caso de que se imponga la nacionalización de YPF.

La puesta en escena de esta advertencia también es significativa ya que el máximo responsable de la diplomacia hispana transmitió el mensaje directamente al embajador argentino en Madrid a quien llamó a consultas y con quien estuvo durante 45 minutos. Además, desde el Ejecutivo español se pidió el respaldo de los socios europeos para proteger los intereses de Repsol logrando que la Comisión Europea instara formalmente a Argentina a respetar sus compromisos con las inversiones extranjeras en su territorio. "Nos ponemos del lado de España en esta situación", declaró tajante el portavoz comunitario Olivier Bailly.

Además de a la UE, Madrid trata de involucrar a su favor en este conflicto a la administración norteamericana con la que Margallo ya se ha puesto en contacto. También ha remitido una carta a la ministra de Exteriores de Colombia para que introduzca el asunto en la agenda de la cumbre de las Américas, que se celebra estos días.

Ataque El ministro de Exteriores hizo un llamamiento al diálogo y a la negociación para solucionar el conflicto y añadió que la ruptura de las relaciones con Argentina es "el peor de los escenarios" que se puede imaginar. "YPF es importante para Repsol y Repsol es importante para España", subrayó el ministro, quien indicó que hasta ahora no hay constancia de que el Gobierno de Cristina Fernández haya remitido a las Cortes el proyecto de ley para tomar el control de la petrolera YPF, participada en un 57,43% por Repsol.

El ministro se quejó de que los últimos acontecimientos en torno a Repsol han creado una cierta incertidumbre que ha hecho "imposible el desarrollo normal de negocios y ha provocado la depreciación de las acciones de un 40%". Margallo no quiso precisar las medidas que podría adoptar España si la negociación fallase.