Vitoria. La empresa constructora ACS podrá votar en la próxima junta de accionistas de Iberdrola con los derechos de votos equivalentes al capital social de la eléctrica que demuestra poseer en el momento de la misma tras la resolución del Tribunal Supremo que da la razón a la tesis de la compañía presidida por Florentino Pérez sobre la eliminación de los derechos de voto a un máximo del capital, en este caso del 10%, los famosos "blindajes".
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Iberdrola al artículo 515 de la Ley de Sociedades de Capital que prohíbe las limitaciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto.
El elemento más curioso de esta sentencia, -precipitada, según algunas fuentes jurídicas-, es que a pesar de desestimar el recurso de Iberdrola ha dado a la razón a la eléctrica en sus argumentos, como que la limitación de los derechos de voto hasta un máximo establecido está en favor de la defensa de los intereses sociales de la empresa y de los accionistas minoritarios.
Tras la decisión del Supremo, ACS podría contar con el 18,6% de los votos en la junta salvo que prosperan las nuevas maniobras jurídicas anunciadas por la compañía eléctrica vasca que ayer señaló que planteará un procedimiento de incidente de nulidad y de no prosperar no descarta acudir en busca de amparo al Tribunal Constitucional.
El alargamiento en el tiempo del conflicto judicial va en contra de los intereses de ACS que va a tener dificultades para mantener su actual paquete accionarial en Iberdrola dado el elevado grado de endeudamiento que soporta la compañía constructora, en buena parte ligado a la adquisición de los títulos de la propia eléctrica que le suponen unas minusvalías de más de 4.000 millones de euros, y a la presión de las entidades financieras prestamistas para que venda parte de sus participaciones de cara a hacer frente a sus crecientes compromisos de pago por los préstamos solicitados en su momento o aumente las garantías.
Como se recordará a mediados de 2011 entró en vigor la Ley de Sociedades de Capital -más conocida como la enmienda Florentino- que prohibía la limitación de los derechos de voto en las juntas de accionistas de las empresas cotizadas en Bolsa. Poco después de su aprobación, Iberdrola recurrió la medida ante el Tribunal Supremo.
Pero ahora, el Alto Tribunal ha desestimado el recurso permitiendo así que ACS -titular del 18,6% de la eléctrica vasca- pueda ejercer su derecho a voto en la próxima junta general de accionistas.
La medida en sí no tiene mayor importancia salvo que permite a la compañía presidida por Florentino Pérez volver a intentar entrar en el consejo de administración de Iberdrola pese a que ya existe un dictamen judicial que considera a ACS competidor de Iberdrola lo que respalda la negativa de la eléctrica vasca a dejar entrar en su consejo a un representante de un competidor.
ACS, de hecho, ya en 2010 intentó colocar a su amigo José María Loizaga como consejero de Iberdrola, pero no le salió bien pues la junta de accionistas de la empresa bilbaina cesó al consejero propuesto por ACS en base a considerarlo un competidor.
