VITORIA. López ha contestado así al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la posibilidad apuntada ayer por el consejero de Economía, Carlos Aguirre, de que el ejecutivo autonómico podría tener capacidad legal para llevar a cabo un recargo de impuestos a través de iniciativas en el Parlamento Vasco.

Aunque la competencia fiscal corresponde a las diputaciones forales y tanto la de Bizkaia como la alavesa ya han anunciado que no incrementarán el IRPF, el ejecutivo vasco quiere estudiar la opción de implantar este recargo vía parlamentaria, para lo que los socialistas necesitarán del apoyo del PP para sacar adelante la iniciativa.

El único precedente en este sentido tuvo lugar después de las inundaciones que afectaron al País Vasco en 1983, tras las cuales la cámara aprobó un recargo sobre el IRPF para afrontar los gastos de la catástrofe.

López ha señalado que el ejecutivo "está valorando qué capacidad tiene el propio gobierno, a través de propuestas al Parlamento, para intervenir en los ingresos y no sólo en los gastos".

A su juicio, si la política económica se reduce exclusivamente al recorte en la columna del gasto, no se pueden generar dinámicas que activen la economía y generen empleo.

López ha criticado el proyecto de subir el IRPF planteado por el gobierno de Mariano Rajoy porque afecta en más del 80 por ciento a las rentas del trabajo y sólo en un 20 por ciento a las de capital.

Para el lehendakari "hay otra forma de distribuir las cargas y los sacrificios en esta crisis, y no es la que está poniendo en marcha el PP".

También ha criticado que el PP haya recortado la partida de I+D+i, "que es la palanca para salir de la crisis".

En el plano macroeconómico, López ha defendido la austeridad, pero ha alertado de que si se "sacraliza el déficit a una cifra mágica" se ahogan las economías y los países entran en recesión.

Por ello ha abogado por el cambio de políticas en Europa, porque las actuales están llevando al continente a la recesión, y ha abogado por el control del déficit pero con medidas a medio plazo que permitan a los gobiernos tener recursos para actuar sobre la economía y el empleo.