BRUSELAS. La Comisión Europea propondrá este miércoles 23 reforzar la vigilancia sobre los países con déficit excesivo, como España, para evitar un agravamiento de la crisis de deuda. Italia ha aceptado ya someterse a la supervisión de la UE y del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque no está recibiendo asistencia financiera.
La nueva norma dará poderes a la UE para pedir cambios a los presupuestos de los Estados con problemas antes de su aprobación parlamentaria y recomendar enmiendas a lo largo del año. No obstante, los parlamentos nacionales seguirán teniendo la última palabra.
El Ejecutivo comunitario presentará además diferentes opciones para la emisión de eurobonos, con una evaluación de las implicaciones financieras y jurídicas de cada una. La canciller alemana, Angela Merkel, ha reiterado los últimos días, con el apoyo de otros países como Finlandia, su oposición a esta medida. Berlín teme que esta norma encarezca sus costes de financiación y elimine los incentivos para hacer reformas en los países con problemas.
La nueva norma sobre vigilancia reforzada se aplicará a los países que se encuentran en un procedimiento sancionador por déficit excesivo debido a que superan el umbral del 3% de déficit que autoriza el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En la actualidad, este tipo de supervisión sólo se usa con los países rescatados.
La legislación "permitirá a la Comisión y al Consejo examinar los borradores de los presupuestos nacionales ex-ante y adoptar una opinión sobre ellos antes de que sean aprobados por los parlamentos nacionales, solicitando una segunda lectura en casos graves". "Además, la Comisión vigilará la ejecución presupuestaria y, si es necesario, sugerirá enmiendas a lo largo del año", anunció su presidente, José Manuel Durao Barroso.
Barroso aclaró que, de acuerdo con esta propuesta, "la última palabra sobre los presupuestos nacionales la seguirán teniendo los parlamentos nacionales". Aún así, Alemania, Países Bajos o Finlandia ya han pedido realizar un cambio en los Tratados para que la UE pueda intervenir directamente en los presupuestos nacionales de los países incumplidores.
